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¡AY, PAPÁ! Presidente del TSJ en el exilio dijo que podrían girar orden de captura internacional contra Maduro

Miguel Ángel Martín, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, aseguró en entrevista con El Comercio de Perú que los magistrados tienen la potestad de ordenar la detención del presidente Nicolás Maduro porque fueron designados por la Asamblea Nacional.

Fotos: EFE
Composición: Maduradas

Reitera que están investidos facultades constitucionales «que podemos cumplir perfectamente fuera de nuestro país».

Al ser interrogado sobre si  están preparando un caso contra Maduro, dijo que sí y que lo hacen a partir de una querella por un caso de corrupción relacionado con contrataciones con Odebrecht que presentó la fiscal Luisa Ortega Díaz. «Ella presenta pruebas de una investigación que comenzó en el 2011 y de otra denuncia que se acumuló desde el 2015. Admitimos el antejuicio de mérito y fijamos la audiencia para el 3 de abril. El señor Maduro debe acudir o enviar a un defensor. Y después decidiremos si hay lugar o no a un juicio. Para llegar a juicio el caso tiene que ser remitido a la Asamblea Nacional para su autorización. Y si no hay lugar, se sobresee la causa», expuso.

Recordó que la fiscal hizo una solicitud para que el TSJ pidiera el alerta roja ante la Interpol para la detención del jefe de Estado.

«Nosotros en el auto de admisión nos reservamos la oportunidad de la audiencia para decidir la procedencia o no del pedido», acotó. Al preguntársele si pedirían el alerta para la fecha en la que se celebre la Cumbre de las Américas y ante la insistencia del Presidente de acudir, fue enfático en señalar: «El 3 de abril es la audiencia. A partir de ese momento podremos decidir si hay lugar o no al juicio. Sería irresponsable decir algo que no sé si pasará».

En la referida conversación, aseguró que la prioridad del TSJ en el exilio es  «desarticular el crimen organizado instalado en el régimen e impuesto desde Cuba, y que se creó para subvertir la democracia en América Latina. Vamos a establecer el piso jurídico para el retorno a la democracia en Venezuela. Los temas que vemos están relacionados con violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, corrupción grave, que son los que encuadran dentro de la convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado».

Redacción Maduradas con información de El Comercio de Perú

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