Así comienza la caída final del régimen. Reporta de noticias Univisión que un avión ejecutivo a nombre de una empresaria de Venezuela y una cuenta en Miami de un contratista del gobierno de ese país, han entrado en la creciente lista de Estados Unidos de propiedades incautadas por la presunta violación de normas que prohíben la transferencia masiva de fondos sin licencia.
Se sospecha que las cuentas han sido usadas como puentes para operaciones cambiarias de dólares por bolívares y viceversa. (Guiso Rojo)
Univision ha venido informando de una ofensiva por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos contra cuentas bancarias que muestran una intensa actividad con múltiples transferencias a varias partes del mundo e ingresos en cantidades millonarias que generalmente provienen de Venezuela o Panamá.
Las incautaciones no se han limitado a los saldos de las cuentas que los agentes federales encuentran al momento de intervenirlas. En julio del año pasado el IRS ordenó el decomiso de un avión ejecutivo Beechcraft B-58 modelo 1972, matrícula N228CR. La aeronave fue adquirida con fondos movidos sin licencia de transmisión de dinero, según la demanda de la entidad federal en la corte federal de Miami.
Uno de los pagos por $230,000 fue enviado por la empresaria venezolana Jezuleima T. Azuaje Gamarra a una cuenta en Wells Fargo Bank a nombre de Supsebas Corporation, empresa de Weston, Florida, de la cual es presidenta.
Otro de los depósitos por $190,655 fue girado a la cuenta de Azuaje por Calton Hill Holding CV, una firma de Curazao que fue también citada en otra incautación de IRS. En ese caso se trataba de cuentas del empresario venezolano Roberto Añez que movieron más de $40 millones en un esquema similar, según el IRS. Los agentes del IRS no han podido establecer la actividad de esta firma.
El abogado de Azuaje, Dennis Urbano, se quejó de la demora del gobierno federal en resolver el caso luego de nueve meses de espera. Urbano sugiere en su moción que la Agencia Antinarcóticos DEA, estaría investigando también el avión. Una constancia aportada al proceso civil de incautación por la fiscalía federal de Miami aclara que Azuaje no va a ser acusada criminalmente. El juicio de incautación está programado para el 23 de febrero de 2015.
El otro caso es de una cuenta bancaria en Miami de una empresa que ha hecho giros por más de $50 millones. El IRS considera que esta cuenta también violó las normas de Estados Unidos que regulan las transferencias de dinero. La empresa ha obtenido numerosos contratos de obras públicas del gobierno de Venezuela.
La cuenta, congelada la semana pasada con unos $535,000, está a nombre de Ingenieros Asociados para Proyectos Estudios y Construcciones, IAPEC. Según la demanda civil del IRS fue usada para distribuir a terceros fondos que no tenían relación con la transacción, pagos de bienes que no aparecían registrados en la empresa proveedora y otras operaciones destinadas a “esconder la verdadera fuente del dinero”, según el documento de la corte conocido por Univision.
Desde la cuenta se hacían pagos a empresas que no tenían ninguna relación con la justificación del egreso, como es el caso de $328,945 girados como honorarios de abogados a una firma de Estados Unidos que no presta servicios legales sino de verificación de antecedentes de empleados.
Según el registro de contratistas de Venezuela, IAPEC ha hecho obras para la petrolera estatal PDVSA, Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado, la gobernación de Monagas y varias capillas de la Iglesia de Jesucristo Santos de los Ultimo Días. En el estado Miranda resultó favorecida con proyectos turísticos durante la gobernación del teniente Diosdado Cabello, hoy presidente de la Asamblea Nacional.
Como responsable de la empresa los documentos identifican a su presidente Angel Hernández Aguirre, quien deberá justificar los movimientos bancarios para recuperar un saldo de $535,211 que fue confiscado por la fiscalía a principios de este mes.
La cuenta del Intereaudi Bank de Miami que fue abierta en mayo de 2012 registró ingresos de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela por más $43 millones así como $4.7 millones de NCT Energy Group, una empresa de consultoría en las áreas de petróleo y gas y de una filial de IAPEC en Holanda por $1.5 millones. La orden de confiscación de los fondos no refleja que estos depositantes se encuentren bajo investigación.
Según la fiscalía la cuenta desarrolló una actividad similar a la de una “transmisora de dinero” para lo cual se requiere una licencia que la empresa no tenía. Entre las transferencias, el documento de la corte citó préstamos en Islas Caimán, pagos de motobombas en Chicago y adquisición de un ascensor para una iglesia en Panamá.
IAPEC, inscrita en Mérida Venezuela (sector Las Marlas, Avenida Las Américas), también aparece en registros de sociedades de Holanda y Miami, esta último con la dirección de un penthouse en el suroeste de la ciudad propiedad de Hernández Aguirre. El fiscal anota en su escrito que la empresa no explica el propósito de establecerse en Holanda, la naturaleza del negocio, ni la fuente de sus ingresos en ese país. El abogado de Hernández dijo a Univision la semana pasada que esperaba que su cliente lo autorizara para hablar del caso, pero el lunes no había respondido.
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