Lilian Tintori, acompañada por los diputados Delsa Solórzano y Luis Florido, y los abogados Juan Carlos Gutiérrez y Jesús María Casal, explicaron ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas los casos de detenciones arbitrarias y de torturas contra los 115 presos políticos, encarcelados sin pruebas ni motivos desde el 2014.
“Le contamos al Alto Comisionado que en Venezuela hay 115 presos políticos, 23 de los cuales están en estado crítico de salud. Denunciamos que en Venezuela no se cumplen los estándares internacionales sobre las condiciones de encarcelamiento. A los presos políticos los tienen en condiciones infrahumanas, sin agua, sin luz, tienen a 3 personas en la tumba, una celda de castigo a 5 niveles por debajo del suelo», dijo Tintori.
Y agregó: «Esto es tortura y violación sistemática de los derechos humanos. No podemos quedarnos callados ante esto, por eso estamos una vez más ante las Naciones Unidas, alzando la voz por todos los encarcelados, exiliados, silenciados y perseguidos por el régimen”.
La activista de derechos humanos resaltó las torturas de las que fueron víctimas Juan Manuel Carrasco, Joselyn Prato en las cárceles venezolanas. De igual forma, denunció la retaliación y ensañamiento contra los familiares de los presos políticos por parte del gobierno nacional.
“Cada vez que la ONU o algún organismo internacional de derechos humanos se pronuncia a favor de la libertad de los presos políticos, el gobierno toma represalias contra los presos y sus familiares. Nos mandan a desnudarnos, nos suspenden las visitas, a Joselyn la hicieron comer pasta con gusanos en la cárcel. Estos jóvenes han sido violados, golpeados, les han hecho tortura psicológica. Esto una vez más demuestra la falta de Estado de Derecho y de respeto a nuestros derechos fundamentales. Por eso lo que nos queda es la Ley de Amnistía, una ley legítima con la cuál se logrará la reconciliación entre los venezolanos y la justicia para todos los perseguidos del régimen por razones políticas”, aseguró Tintori.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano agregó que “hemos tenido una estupenda reunión, expusimos la ley, su contenido, constitucionalidad y la verdad de la ley, que busca hacer justicia para los presos políticos que son inocentes y que no beneficia a personas que han cometido delitos de lesa humanidad, narcotráfico y terrorismo”.
El también diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido expresó que la Ley de Amnistía significa “un paso importante para la justicia, la paz, la reconciliación” en Venezuela y denunció las constantes irregularidades impulsadas por el Ejecutivo nacional en contra de la voluntad del pueblo venezolano y la Constitución Nacional.u
“A pesar de todo el trabajo que se ha hecho por aprobar la Ley de Amnistía, los poderes públicos actúan en función de proteger una cúpula gobernante que pretende sostenerse a costa de cualquier precio. Desde que se ganó la elección el 6 de diciembre, vimos cómo luego se le despojó de su victoria a cuatro diputados con una medida cautelar que aún está vigente, vimos cómo fueron nombrados los magistrados de corte oficialista, cómo el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la propuesta de decreto de emergencia económica, que fue rechazado por la AN, contraviniendo las facultades del parlamento. También de la sentencia número 9 donde nos limitan las competencias a la AN y de cómo hay tres diputados electos que aún están presos injustamente, Rosmit Mantilla, Renzo Pietro y Gilberto Sojo, aún cuando los protege la constitución a través de la inmunidad parlamentaria”.
Finalmente, el abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez destacó la importancia de la viabilidad de la Ley de Amnistía como herramienta constitucional para lograr la libertad de los presos políticos, la justicia a favor de las víctimas de la represión y persecución y el rescate de los valores democráticos en el país. “En las Naciones Unidas ya existen pronunciamientos contundentes en materia de certificación de detenciones arbitrarias, en lo relativo a los casos de López, Ceballos y Ledezma y de 315 jóvenes. Se destacó que los informes presentados por los Relatores de Independencia de Autonomía de Jueces y Fiscales contra la Tortura, han certificado que en Venezuela existen jueces que no obedecen a tratados internacionales de independencia, autonomía e imparcialidad. Por lo tanto, se llega a la conclusion de liberar a los presos políticos bajo los estándares internacionales de una Ley de Amnistía que no protege violaciones graves de derechos humanos pero que sí establece la necesidad de dar el debido proceso no solo a las victimas de la persecución sino a quienes se consideren victimas de otros delitos”.
Vía Nota de Prensa.