Maikel Moreno, un condenado por asesinato, es el oscuro personaje que está tras la polémica sentencia del Tribunal Supremo de Justicia -ente que preside- que oficializó este miércoles a media noche la aniquilación del Parlamento venezolano, en una acción que ya ha sido reconocida mundialmente como «golpe de Estado».
Pero este personaje tiene un prontuario que no puede esconder ni con todo el poder que le ha sido conferido por el gobierno venezolano y es que entre otras cosas, Moreno ha sido declarado culpable de homicidio. ¡Una joya, pues!
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Antes que currículo, el jefe del máximo juzgado exhibe prontuario, ¿Irónico, no?
“En Venezuela hay 98% de impunidad y el año pasado asesinaron a 28,000 venezolanos. La respuesta del presidente Nicolás Maduro frente a esta tragedia es nombrar en el TSJ a Moreno, quien fue encontrado culpable en la muerte de Rubén Gil Márquez en 1989. ¿En manos de quién está la justicia en Venezuela?”, fustigó el diputado Juan Miguel Matheus, responsable de la Comisión de Régimen Político y Administración de Justicia del Poder Legislativo.
Por la muerte de Gil Márquez, Moreno pasó menos de dos años en la cárcel gracias al otorgamiento de beneficios procesales. Pero este no es el único caso que mancha de sangre su hoja de vida: en 1987, el ahora magistrado también fue señalado por el asesinato de una joven en Ciudad Bolívar, al sur del país. En ese tiempo, Moreno trabajaba como oficial de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), la policía política que el difunto presidente Hugo Chávez reformó en 2009 y convirtió en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) bajo el argumento de que estaba “infiltrado por mafias”.
De abogado del chavismo y cónsul de Maduro a magistrado
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Su carrera como abogado litigante está marcada por la defensa de los llamados “pistoleros de Puente Llaguno”, grupo de militantes chavistas que durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 disparó en pleno centro de Caracas en medio de los enfrentamientos que concluyeron con el breve derrocamiento del líder de la revolución bolivariana.
El ascenso de Moreno hacia la cima del Poder Judicial bolivariano no ha estado exento de sobresaltos. El exmagistrado oficialista Luis Velásquez Alvaray lo acusó de formar parte de la denominada banda de “Los Enanos”, supuestamente conformada por jueces, fiscales y abogados con vinculaciones políticas que corrompían el sistema judicial venezolano. Además, en febrero de 2007 la Sala Constitucional del TSJ decidió removerlo del cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Caracas al considerar que había incurrido en un “error inexcusable”, por dejar en libertad a los asesinos de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.
Moreno fue expulsado del Poder Judicial en 2007 y de inmediato se incorporó a la Cancillería de Nicolás Maduro. En 2014, la mayoría chavista en el Parlamento lo nombró magistrado del TSJ.
Expulsado de los tribunales, ingresó a la Cancillería con Nicolás Maduro, donde ejerció como cónsul en Roma y ministro consejero en la embajada de Trinidad y Tobago. Cumplida esta breve y forzada pasantía, retornó en 2014 al Poder Judicial por la puerta grande: el Parlamento, dominado por el chavismo, lo designó magistrado del TSJ para encargarse de la Sala Penal y la primera vicepresidencia del organismo que un día lo execró.
Moreno acumuló méritos para asumir las riendas del máximo juzgado. A su manera. Rechazó extraditar a España al terrorista de ETA, José Ignacio De Juana Chaos. Ordenó la liberación del presunto narcotraficante Kassem Mohamed Hussein, quien estaba solicitado por Estados Unidos. Avaló la decisión del Ministerio Público de archivar las denuncias de corrupción contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. Y confirmó la condena a casi 14 años de prisión contra el fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014 por convocar las protestas que exigían la salida de Maduro.
“Nos uniremos todos los poderes públicos nacionales para el ataque a la corrupción e impunidad. Desde este momento, al frente del TSJ y conjuntamente con los compañeros que me acompañan (sic), estaremos las 24 horas trabajando para acabar con la impunidad en este país”, prometió tras convertirse en la principal referencia de la justicia bolivariana.
Luego de declarar en “desacato” a la Cámara y suprimirle todas sus competencias y funciones, los magistrados han llegado al extremo de aprobar el presupuesto de la nación y dar por bueno el desempeño de Maduro y su tren ministerial.
Con información de Pedro Pablo Peñaloza / Univisión.