Este viernes, la Contraloría General de la República notificó al gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, de su inhabilitación política durante 15 años.
Fotos: Contraloría-Archivo
Composición: Maduradas
La Contraloría alegó razones «chimbas» para tomar su decisión, entre ellas, supuestas irregularidades administrativas en la gestión del dos veces candidato presidencial, problemas con publicidades institucionales, temas de seguros y contrataciones varias, entre otros aspectos.
Pero varios juristas han declarado que la aplicación de inhabilitación política por la Contraloría es ilegal. Es el caso del abogado Alberto Arteaga Sánchez, quien en el año 2008 detalló sus razones para estar en contra de estas medidas, por ser «anticonstitucionales».
Otros abogados que han fijado su posición sobre el caso son Gerardo Blyde y José Vicente Haro.
Acá cinco razones por las que esta decisión de la Contraloría va en oposición a lo que establecen las leyes:
- La inhabilitación política es una pena accesoria grave, que sigue a la pena de presidio o de prisión, según el Código Penal y que se impone en una sentencia condenatoria, debiendo constar en forma expresa en la decisión.
- Supone un proceso penal previo. En el caso de Capriles, ni hubo proceso penal ni sentencia condenatoria.
- La inhabilitación surte sus efectos, mientras dure la condena y no impide la elección para cualquier cargo, salvo para aquellos, como el de presidente de la República, para el cual se exige como requisito expreso «no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme».
- Entre las competencias del contralor, no está la de establecer inhabilitación, lo que dejaría nulo y sin efecto el acto. La inhabilitación política específica debe ser determinada por un juez, no por el contralor.
- El abogado Juan Rafalli advierte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en el caso de Leopoldo López que las inhabilitaciones impuestas por el Contralor no son válidas. Eso fue en el año 2008. «La inhabilitación de Capriles transgrede la Convención Americana de Americana de Derechos Humanos que tiene rango constitucional», alertó.
Redacción Maduradas.
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