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¡DAN ASCO! Chavismo usa al sistema judicial del país como instrumento para persecución

Un deterioro de las instituciones y su subordinación paulatina a los designios del ejecutivo desde la llegada de la “revolución bolivariana” hace 15 años ha convertido a la justicia venezolana en un instrumento de persecución y amedrentamiento al servicio del chavismo, a la luz de las últimas actuaciones contra dirigentes de oposición, declaró el abogado penalista, Alberto Arteaga Sánchez.

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Las recientes condenas contra los alcaldes de San Diego, Enzo Scarano y San Cristóbal, Daniel Ceballos, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que actuó como juzgado penal y los mandó a prisión por supuestamente permitir protestas en sus jurisdicciones, constituyen a juicio del jurista evidencia de cómo “las decisiones judiciales están supeditadas a los intereses del Gobierno”.

Más reciente es el caso de Leopoldo López, que Arteaga tilda de “particularmente grave” por el razonamiento contenido en la acusación de la fiscalía.

Según el Ministerio Público, el dirigente de Voluntad Popular habría influido con su discurso en la consciencia de los manifestantes para cometer los delitos por los cuales se juzga a estos últimos. “La libertad de expresión quedó en nada”, agregó.

Un tercer ejemplo es el presunto plan de magnicidio del cual el propio presidente y el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, acusan a la exdiputada María Corina Machado. Cabello incluso sentenció que “si Nicolás Maduro es asesinado, Machado pagará”. No obstante, después de una semana de señalamientos públicos desde las altas esferas del poder, la fiscalía la citó el lunes a Machado pero sólo en calidad de testigo.

El Código Orgánico Procesal Penal venezolano castiga el delito de magnicidio cuando se da muerte a quien ejerce la jefatura del Estado o se comienza a ejecutar dicho plan. Pero en el caso de Machado, la investigación se sustenta en un correo electrónico. “El uso de un correo para hacer una acusación es grave, porque se utiliza la justicia como instrumento para doblegar al adversario”, afirmó Arteaga.

El origen del declive

Pero ¿cuándo se inicio el proceso de desgaste en el Poder Judicial? El abogado se remitió al año 2004, cuando el entonces Gobierno de Hugo Chávez reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para nombrar nuevos magistrados. Ahora la situación es otra. Según el penalista, 75% de los jueces son provisionales, principalmente por la suspensión de jueces titulares. “Es muy difícil que así haya autonomía, porque el Gobierno les puede torcer el brazo”.

Dos ejemplos claros de la falta de independencia judicial en Venezuela llegaron en 2009. El primero fue durante el 10mo. aniversario de la aprobación de la Constitución, cuando la entonces presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, afirmó que “no podemos seguir pensando en una división de poderes, porque eso es un principio que debilita al Estado”.

Su planteamiento sería reforzado durante la apertura del año judicial en 2011, cuando el magistrado Fernando Vegas Torrealba indicó que el poder judicial debe desarrollar una “acción planificada hacia la conducción de un socialismo bolivariano”.

El segundo ejemplo llegó en diciembre de 2009 con la detención de la jueza María Lourdes Afiuni por haber liberado al banquero Eligio Cedeño, tras haberse cumplido los lapsos legales de detención permitidos sin que se concretara una acusación. “Eso tuvo un profundo impacto en los jueces de tribunales inferiores. Los jueces ahora se muestran cautos al dictar sentencias que pudiesen disgustar al Gobierno”, manifestó Arteaga.

En el plano internacional

Los señalamientos no quedan sólo en palabras del abogado. La semana pasada, la relatora especial para jueces y abogados de la ONU, Gabriela Knaul, aseguró estar “muy preocupada” por la falta de independencia de jueces y fiscales en Venezuela. “Hay interferencia del poder político en el judicial”, acotó.

Enseguida, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, negó que los fiscales no sean independientes y dijo estar alarmada por la falta de conocimiento por parte de la relatora especial de la ONU.

Para Arteaga Sánchez, la solución al problema pasaría por titularizar a los jueces provisionales y nombrar a nuevos mediante concursos transparentes y con un jurado independiente pues, en caso contrario, el Poder Judicial no será más que “una corresponsalía del Gobierno”, reseñó el portal del diario Las Américas.

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