El Departamento de Estado de Estados Unidos señala en un informe sobre el tráfico humano que los médicos cubanos incorporados a los programas sociales en Venezuela están bajo un régimen de trabajos forzados. “Algunos de los aproximadamente 30.000 ciudadanos cubanos, particularmente doctores, que trabajan en Venezuela en programas sociales gubernamentales a cambio del aprovisionamiento de recursos al gobierno cubano han experimentado trabajos forzados”, dice el documento.
Son obligados a trabajar largas jornadas, con un salario infravalorado y reciben amenazas de retaliaciones contra ellos o sus familiares si abandonan el programa.
Venezuela ya tenía dos años consecutivos en una lista de observación que la comprometía a tomar diversas medidas para impedir el tráfico de personas, especificadas en un plan escrito. Pero este plan no ha sido elaborado, por lo que se considera que la situación ha empeorado.
Entre 2013 y 2014 fueron descubiertos casos de tráfico de niños ecuatorianos, así como de mujeres filipinas, haitianas, colombianas, etíopes y surafricanas hacia Venezuela. Igualmente se ha determinado que mujeres venezolanas son forzadas a incorporarse a redes de prostitución que operan en las antillas holandesas y en Trinidad y Tobago. Son trasladadas a esas islas en botes desde los estados más próximos.
También hay un tráfico interno desde zonas periféricas del país hacia las grandes ciudades. “Las mujeres y niñas son sometidas a tráfico sexual dentro del país”, señala el informe.
Sin datos
El documento presentado por el canciller estadounidense, John Kerry, indica que las autoridades venezolanas no han precisado el número de averiguaciones iniciadas por tráfico de personas en el país, ni los implicados en tales expedientes. Solamente se ha informado sobre logros en casos aislados. Además, no se conocen actividades de cooperación internacional en esta materia. Tampoco han alentado a las víctimas para que aporten datos contra las redes de tráfico humano.
Las víctimas son atendidas por algunas organizaciones no gubernamentales. Se desconoce además qué tratamiento recibieron en casos de redes internacionales. El Gobierno además no ha emprendido ninguna actividad específica para reducir la demanda de comercio sexual ni de trabajo forzado, según el portal del diario El Nacional.