Los siete implicados en el plan de magnicidio en Venezuela, denunciado por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, discrepan sobre la pertinencia de asistir o no a la cita en la Fiscalía General de la República, pues mientras unos pretenden probar su inocencia, otros creen que terminarán en prisión a pesar de las pruebas. Por otro lado, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, fue citado por el Ministerio Público para que comparezca ante la Dirección de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, este lunes a las 11:00 am, en calidad de testigo.
Sin embargo, Otero, que se encontraba de visita a Colombia, precisó que no piensa regresar a Caracas para una citación de algo que no tiene claro qué es y que considera que “tiene que ver con todas las cosas políticas que ellos hacen”.
En entrevista con Caracol Radio, señaló que Venezuela está viviendo una dictadura y los órganos de seguridad del Estado están citando a la gente sin ningún motivo, como un mecanismo contra lo que llaman la “criminalización de la disidencia”. El presidente editor de El Nacional, precisó que conoce gente a la que la citan de testigo y cuando van a dar su testimonio los dejan presos y considera que en el país “nada es confiable”, pues presentarse como testigo puede significar otra cosa.
Diferentes estrategias
Entre los opositores, la única que ha confirmado su presentación es la exdiputada, María Corina Machado, quien afirmó este viernes que se presentará en la Fiscalía el próximo 16 para «dar la clara». «No dejaré esta lucha hasta vencer», declaró. A su juicio, las acusaciones buscan «aniquilarla física y moralmente».
El expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Diego Arrias, por el contrario, descartó su asistencia a la cita prevista para el 12 de junio, pues cree que el acto terminará en su detención. «La Fiscalía es un sitio de emboscada cubana súperpeligroso».
Igualmente sucede con el exdirector externo de Pdvsa, Pedro Mario Burelli, y el abogado, Ricardo Koesling, convocados para este lunes 9 de junio por estar presuntamente vinculados con un golpe de Estado y un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Violación de intimidad
Durante una rueda de prensa, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, basó sus denuncias en una serie de correos electrónicos supuestamente enviados por Machado al abogado Gustavo Tarre, al exgobernador de Carabobo, Henrique Salas Romer, y a Arria.
Se menciona también a Eligio Cedeño como el financista de la operación y al embajador de EEUU en Colombia, Kevin Whitaker. Burelli reveló a través de su cuenta en Twitter las versiones originales de los correos electrónicos que fueron intervenidos por el Gobierno venezolano, por lo que acusó al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de falsificar las comunicaciones y utilizarlas como presuntas pruebas de magnicidio, por lo que extendió una irónica invitación a la fiscal Luisa Ortega Díaz a las oficinas de Google en California para ver la información original.
El partido opositor Proyecto Venezuela, fundado por Salas Romer en el centro del país, tampoco se presentará el 18 de junio, pues consideró que sería avalar «una mentira del régimen». Los únicos que faltan por dar respuesta a la citación en calidad de testigos son el excongresista Gustavo Tarre Briceño y el opositor Robert Alonso.
El caso ha despertado polémica en Venezuela, porque los correos divulgados por el alcalde de Caracas fueron interceptados por cuerpos de seguridad, lo cual es una violación al derecho de privacidad. Sin embargo, la Fiscalía se ha escudado en que el caso representa una grave situación, porque atenta contra la seguridad de altos funcionarios gubernamentales, reseñó el portal del diario Las Américas.