Nuevamente la democracia en Venezuela está en grave e inminente peligro de extraviarse por las intenciones pérfidas que por desgracia el régimen de Nicolás Maduro viene maquinando desde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Sin rubor, arrecia contra la voluntad del pueblo venezolano que reclamó a voz en grito el cambio.
El resultado de los comicios arrojó un categórico rechazo a la ruina económica, a la inseguridad jurídica y ciudadana, al autoritarismo gubernamental, a la inestabilidad política y social, en los que naufraga el país asfixiado por la corrupción, represión e incompetencia del infame Socialismo del siglo XXI. El grueso de los votantes habló claro: para velar y gestionar sus intereses, llevar hacia delante el progreso y dirigir la transición a la normalización democrática, prefiere a la alianza opositora. Abundan, desde luego, las razones, como la arena de la mar.
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Pero los oídos del poder se ofenden del mandato imperioso de las urnas y el gobierno se convierte en dócil instrumento de dictadores. Los jerarcas del oficialismo apuestan al triunfo de una arbitrariedad completamente ilegal y despótica que los órganos internacionales deben condenar.
Contrarreloj, ¿acaso dirigidos por La Habana?, el mandatario y su séquito abusan el control ejercido sobre los poderes públicos con tal de no reconocer la fulminante victoria de la Mesa de Unidad Democrática, ganadora de una mayoría absoluta de dos terceras partes de la Asamblea Nacional, cuya inauguración será el 5 de enero. Intentan vengar su fracaso, por la aplastante derrota.
Primero instalaron un írrito Parlamento Comunal para “fortalecer el poder del pueblo”. Como instancia paralela dependiente del Ejecutivo, limita las competencias de la Asamblea y restringe la facultad legislativa adquirida por la oposición, una medida tachada de anticonstitucional.
A este descalabro prosiguió una actuación calificada por algunos críticos como “un golpe de estado judicial”: el nombramiento expreso, ni más ni menos que en la víspera de Nochebuena, de 13 magistrados del Tribunal Supremo y 21 suplentes, todos acólitos del chavismo. De este modo, afianza la lealtad política de la corte más importante del país –y también crea un posible escenario de ingobernabilidad y conflictividad–. El procedimiento de postulación y selección estuvo plagado de irregularidades.
Y en una maniobra intempestiva y sorpresiva, la camarilla de bribones del gobernante Partido Socialista Unido intenta restar ocho diputados a la plataforma rival. Pretende impedir, al menos transitoriamente, que la oposición se valga de la mayoría calificada que se adjudicó en los comicios legislativos y que le permitirá convocar a una asamblea constituyente y aprobar una reforma constitucional, entre otros grandes cambios necesarios. En efecto, este miércoles el máximo tribunal concedió una medida cautelar que anuló la proclamación de cuatro diputados electos ¡Es indignante este tipo de hechos!
El régimen de Maduro hace añicos, a la brava, el Derecho, la institucionalidad, la transparencia y el deseo democrático de la mayoría de los venezolanos.
La nueva Asamblea se bautiza con la apremiante tarea de recoger los fragmentos rotos y dar un cambio de rumbo al país antes de que colapse y se hunda en el abismo.
Con información de El Nuevo Herald / Por Junta Editorial.