El Ministerio del Interior de España señaló ayer que, un mes después, Caracas sigue sin atender la petición urgente para localizar a De Juana Chaos, reseña ABC de España.
Extraño país aquel en el que los terroristas pasean libremente mientras que a los dirigentes de la oposición se les encarcela por defender unas ideas democráticas pero diferentes a las del régimen que gobierna. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, donde residen unos cuarenta etarras, la mitad de ellos con causas pendientes, mientras que varios opositores al régimen han sido encarcelados por su actividad política.
Esta situación, que se prolonga desde hace varias décadas, se ha agravado en los últimos tiempos y, a la vez que aumentan las detenciones a políticos, crece también el número de terroristas que buscan refugio en el país caribeño.
Uno de los últimos etarras que ha sido localizado en Venezuela ha sido Iñaki de Juana Chaos, que fue descubierto por el diario «El Mundo» el pasado febrero dirigiendo una bodega en la población venezolana de Chichiriviche. En aquel momento, el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional pidió a Interpol confirmar con urgencia esa localización.
Mes y medio después, España reconoce que el Gobierno de Venezuela sigue sin atender la petición urgente de la Audiencia Nacional para confirmar la localización del etarra Iñaki De Juana Chaos.
Según relata el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press, la oficina central de Interpol recibió la providencia del juez Velasco y ese mismo día la cursó «con carácter urgente» a las dependencias de Interpol en Caracas, pero pasado todo este tiempo, Interior asegura que sigue sin haber recibido respuesta.
De Juana Chaos, que cumplió condena por 25 asesinatos, tiene pendiente en España una orden de detención de la Justicia española por enaltecimiento del terrorismo emitida en noviembre de 2008. La respuesta del Gobierno se refiere a una pregunta que registró en el Congreso la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien lamenta que hay «escasas» opciones para repatriar al etarra desde Venezuela porque ese país no reconoce el enaltecimiento del terrorismo como delito susceptible de extradición.