La noticia de la nueva Ley Habilitante «Anti imperialista», si bien tomó a muchos por sorpresa, era algo que venía gestándose desde antes, y es que al parecer, sólo se buscaba la excusa perfecta para poder solicitar estos poderes especiales e implementar nuevas leyes por debajo de la mesa que permitan blindar al gobierno ante una posible pérdida del parlamento.
Recordemos que la primera habilitante fue solicitada el 8 de octubre de 2013, durante el mandato de Chávez y se alegó la lucha contra la corrupción y la “guerra económica”.
La segunda iniciativa surgió del Consejo de Estado, el Alto Mando Militar y el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, y luego le dieron cuerpo en la Procuraduría General, como consecuencia del anuncio del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de calificar al gobierno de Maduro de “una amenaza” para su país.
El objetivo principal de los poderes es, según Maduro: “Denunciar diplomática y políticamente en todas las instancias la agresión de Estados Unidos y demandar la ilegalidad internacional del decreto (de Obama)”.
El oficialismo observa que Washington declaró la “guerra” al país. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, considera que las sanciones estadounidenses son un acto de intromisión en asuntos internos.
En un comunicado el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana instó: “A cerrar filas ante esta agresión (…). Acciones de esta naturaleza esconden oscuros intereses de grupos de poder, internos y externos, que pretenden socavar la bases de nuestra gobernabilidad, estabilidad política y social”.
El CNE también rechazó las sanciones por considerar que buscan entorpecer las elecciones parlamentarias.
Blindarse ante pérdida parlamentaria.
El paso de Miraflores tiene varias lecturas: 1.- el gobierno distraerá al país sobre la crisis económica con un lenguaje nacionalista; 2.- Maduro fortalece el carácter militarista del proceso, y 3.- endurece la línea contra la oposición.
Sin embargo, el historiador Luis Alberto Buttó y el constitucionalista Pedro Afonso Del Pino asoman un cuarto elemento: el oficialismo busca blindarse ante la posible pérdida del nuevo Parlamento, con disposiciones jurídicas que le permitan disminuir el protagonismo de sectores de la oposición y la eventualidad de que el Legislativo entorpezca sus acciones para instaurar el socialismo y el Estado comunal.
“La habilitante tiene un fin interno, más que combatir a un ‘adversario’ externo. El gobierno se prepara ante las elecciones y el hecho de que pierda el control del Parlamento, con la oposición con mayoría. Eso introduce un factor que no había en la última década: la existencia de un poder de contrapeso, que impediría la capacidad de maniobra del gobierno. En este momento no hay contrapeso y los poderes están alineados con el Ejecutivo”, dijo.
Buttó pregunta por qué el presidente pide habilitante para enfrentar una crisis con Estados Unidos si la legislación le facilita las herramientas. “Se podría pensar que persigue inhabilitar liderazgos, movimientos y organizaciones. Dudo que esté planteada una agresión militar. El gobierno con su lenguaje, con su retórica, magnifica el asunto; pero todos los presidentes, cuando atraviesan situaciones difíciles, de ingobernabilidad, apelan al nacionalismo. No es algo original. El fin es nuclear las posiciones. Es una práctica común de la revolución bolivariana”.
Por ejemplo, el 17 de diciembre de 2010, justo antes de que la actual legislatura se instalara en enero de 2011, los diputados oficialistas habilitaron a Chávez por año y medio.
“La decisión de pedir la habilitante, más allá de defender la patria de un ataque imperialista, es para asegurarse cambios jurídicos porque están viendo como una opción real que la unidad sea mayoría”, señaló.
El presidente de VBR, Yoel Acosta Chirinos, hace otra lectura: “El tambaleante gobierno de Maduro trata de oxigenarse con discursos nacionalistas y que sus seguidores se distraigan en sentimientos patrióticos, con la finalidad de neutralizar el descontento y la irritación del pueblo ante las consecuencias económicas y sociales que ha traído la gigantesca corrupción administrativa en Cadivi, Sicad, Simadi y en toda la administración pública”.
Con información de El Nacional.