La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, que debería mantener una conducta institucional e imparcial, emite permanentemente mensajes que reiteran su adhesión al proyecto político sentado en la silla de Miraflores, así lo refleja un informe de Provea, que concluye que además de la situación de pobreza y miseria en el país, la impunidad es uno de los grandes problemas de violación a los derechos humanos que se vive actualmente en el país.
El irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia crea las condiciones para que ni se sancionen delitos ni para el castigo a las violaciones.
Uno de los últimos lo constituyó la comunicación que Luisa Ortega Díaz envió a Amnistía Internacional, el pasado 18 de febrero, y que ella misma hizo pública a través de su cuenta en la red social twitter.
Por motivos de espacio sólo citaremos algunos de los párrafos: «(…) entiendo que conocen que la institucionalidad democrática del país, y la sociedad en general, se han visto afectadas por planes políticos injerencistas de los cuales son participes sectores nacionales e internacionales (…).
En ese marco geopolítico que atenta contra nuestra soberanía, dirigentes de algunos factores políticos venezolanos, en el mes de febrero del año 2014, llamaron a acciones de calle, señalando que las mismas se mantendrían hasta tanto fuese depuesto el gobierno legítimamente instaurado en Venezuela.
Para ello mantuvieron durante meses barricadas en algunas zonas de Caracas, así como en otros estados del país, desde los cuales generaron múltiples hechos violentos y delictivos que afectaron la vida, causaron lesiones a numerosas personas y daños a bienes e instituciones del Estado, entre ellos la sede principal del Ministerio Público (…)
Ese llamado, así como las acciones que le sucedieron (subrayado nuestro), se encuadran jurídicamente dentro de diversos tipos penales, tales como homicidio, lesiones, asociación para delinquir, instigación para delinquir y daño a la propiedad pública y privada (…)
Es importante señalar que la interrupción del libre tránsito trae consigo un obstáculo que atenta contra el derecho a la salud de numerosos ciudadanos, para otros constituye un inconveniente insalvable (subrayado nuestro) en el ejercicio del derecho al trabajo y a la educación.
Durante el desarrollo de estos hechos violentos, aquellas personas que hicieron algún tipo de esfuerzo para superar esos escollos fueron asesinados y otros lesionados (subrayado nuestro)».
La Fiscal confunde, uno no sabe si deliberadamente, la naturaleza del trabajo de una organización como Amnistía Internacional: Ocuparse de las violaciones a los derechos humanos, una situación claramente diferente de los delitos que puedan cometer los ciudadanos.
Díaz le exige a Amnistía que dedique esfuerzos en objetivos diferentes a los establecidos por la ONG. Como si la carta en sí misma no fuera el mayor elemento de prueba de la escasa imparcialidad de la funcionaria, la misma aseguró en su comunicación: «(…) Otro tema (…) es el relativo a la independencia de la administración de justicia en Venezuela. Al respecto, conviene señalar que la Constitución delimita muy bien la independencia de los órganos que conforman el sistema de justicia (…) debemos calificar de propaganda política, con fines desestabilizadores, los cuestionamientos infundados sobre el sistema de justicia penal en Venezuela».
Cuando se cumple un año del inicio del ciclo de protestas, en apenas uno de los 43 casos de pérdidas de vida reconocido por la Fiscalía, sus responsables han tenido una sentencia firme en tribunales.
Ni siquiera las personas agrupadas en el llamado «Comité contra las Guarimbas» han recibido una respuesta satisfactoria del Ministerio Público. La impunidad en Venezuela es de naturaleza estructural, y la falta de independencia de quien ejerce la rectoría, la perpetúa.
Con información de Tal Cual.