Cansados de madrugar o, peor aún, tener que pasar la noche frente a los establecimientos para poder comprar los artículos de primera necesidad, vecinos de cuatro municipios de la Gran Caracas se han organizado para tomar medidas buscando mejorar la calidad de vida y mantener el orden en los lugares donde residen.
En El Hatillo, Baruta, Guaicaipuro y Cristóbal Rojas (Charallave) autoridades y vecinos manifiestan que la mayoría de los ciudadanos que realizan colas desde la madrugada no residen en esas entidades y además causan alteración del orden público, afectando la seguridad.
Foto: El Estímulo / Andrea Hernández.
Marcos Rodríguez Moncada, director de la Policía de El Hatillo, informó que tras recibir más de un millón de denuncias de parte de los residentes del municipio, quienes se quejan por no poder comprar productos regulados a través de los terminales de cédula, comenzaron a realizar operativos nocturnos para prohibir la pernocta.
Aseguró que 95% de los hombres y mujeres que aguardan en establecimientos comerciales desde altas horas de la noche son ciudadanos foráneos. «Hemos notado que estas personas llegan en autobuses desde los Valles del Tuy, Carapita, Antímano y Vargas, entre otros sectores, para hacer estas compras. Por medio de un análisis estadístico, verificamos que se ha incrementado el arrebato de celulares y otros delitos producto de estas visitas. Hemos detenido a algunas personas que se han rehusado a cumplir con la nueva norma», señaló.
La presidenta de la asociación de vecinos de La Lagunita, Beatriz de Mancera, indicó que a través de las redes vecinales varias comunidades participaron en la realización de un comunicado dirigido a las autoridades municipales para que determinen tres tipos de filas en comercios: de personas que presenten carta de residencia; de personas de la tercera edad y de visitantes.
Asimismo, en Baruta concejales, vecinos y dueños de supermercados y farmacias realizaron la primera mesa de trabajo «Anti-Bachaqueo», encabezada por el concejal Héctor Urgelles, a fin de garantizar la seguridad alimentaria en el municipio, sin perjudicar los derechos lícitos de los ciudadanos de otras zonas.
Por su parte, el alcalde del municipio Guaicaipuro, Francisco Garcés, emitió un decreto desde septiembre de 2015 en el que prohibe expresamente la práctica del «bachaqueo» a favor de sus habitantes y así evitar la especulación y reventa de productos básicos.
En Charallave, el alcalde Humberto Marte propuso un proyecto para limitar la venta de alimentos a familias de otros municipios, pero fue descartado. El anuncio, que consistía en solicitar carta de residencia para el despacho de comida, generó malestar en la subregión.
Con información de El Universal