En un trabajo de investigación de Efecto Cocuyo, se detallan los motivos por los que las autoridades venezolanas estarían incurriendo un delito al proceder a la cremación de los cadáveres de los 7 abatidos en la conocida «masacre de El Junquito» u «Operación Gedeón».
Foto: Efecto Cocuyo
En principio, el artículo 28 de la Ley para la Regulación y el Control de la Prestación de Servicios Funerarios y Cementerios señala que está prohibido incinerar un cadáver vinculado a hechos violentos.
«Con un cuerpo cremado no cabe la exhumación, ni la contra experticia”, puntualizó un especialista en el área no identificado por Efecto Cocuyo.
Esto tiene que ver con que los hechos violentos requieren de investigaciones exhaustivas y la defensa, en ciertos casos, puede solicitar una medida denominada «contra experticia» para evaluar y determinar los crímenes asociados a las muertes.
Al incinerar los cadáveres se pierde buena parte de la información que permite elaborar detalles al respecto de las razones de la muerte. Las autopsias exhaustivas permiten señalar la causa de la muerte, la ubicación de las heridas, la fecha del deceso y el recorrido del proyectil, si es que hay.
Es decir, la cremación de los cuerpos de los abatidos se convierte en un proceso de «obstrucción a la justicia», lo cual es un delito por el que se paga con sentencias de 6 a 8 años.
Redacción Maduradas con información de Efecto Cocuyo
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