La directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, explicó que el régimen debe rendir cuentas y detallar desde cuándo funcionarios públicos obtienen beneficios con aeronaves oficiales para asuntos personales, “de cuántas aeronaves disponen las empresas públicas, investigar y establecer sanciones que incluyan restituir el costo de esos traslados con intereses”.
Detalló que la impunidad debe combatirse y debe demostrarse públicamente quiénes autorizaron los vuelos privados de directivos de Pdvsa y Citgo que en 2009 costaron $418.801 a la nación, según documento al que tuvo acceso El Nacional.
Estas exigencias se realizan luego del sonado caso del ex canciller y ahora y ministro venezolano para el Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Elías Jaua, cuya niñera niñera fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, acusada de tráfico internacional de armas, y quien además llegó a Brasil en un avión privado de PDVSA.
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La representante de la ONG también dijo que se desconoce si estas acciones han sido investigadas por la Fiscalía o algún otro organismo, aunque resaltó que no deben existir privilegios de funcionarios que usan el patrimonio público con discrecionalidad.
De Freitas recordó que la reforma de la Ley contra la Corrupción, publicada la semana pasada, establece que las acciones judiciales para sancionar delitos contra el patrimonio público no prescribirán.
Fuente: El Nacional.