«El Central Azucarero del Táchira (Cazta) cerrará sus puertas y liquidará a su personal durante los primeros días del mes de marzo, así se lo anunciaron a los trabajadores, entre quienes persisten dudas, temor, tristeza y desconcierto por la decisión que les dejará sin ningún tipo de seguridad laboral, dado que tampoco los liquidarán con los beneficios de ley”, denunció el expresidente de Fedecámaras Táchira, José Rozo.
A finales de octubre de 2009 Cazta fue ocupada por las autoridades nacionales y al año siguiente se materializó la expropiación, con la confiscación de los bienes y activos de la empresa, y según Rozo, “hasta la fecha no se les ha pagado a los inversionistas los daños causados y el valor de los activos”.
Según explica Rozo, Comercializadora Internacional de Azúcares Mieles (Ciamsa), con más de cien años de experiencia en la materia, administró la planta, luego de participar y ganar una licitación internacional para tal fin, desde 1994 hasta 2009. “En este tiempo trabajó por mantener altos y excelentes índices de calidad del producto, lo cual la hizo merecedora del reconocimiento ISO 9001, tomando en cuenta que recibió a Cazta en condiciones precarias, porque mientras estuvo bajo la administración del gobierno nacional de turno la empresa se convirtió en la caja chica de los partidos de aquellas épocas y estaba quebrada”.
—Estos inversionistas llegaron e hicieron importantes inversiones, tanto, que para 2009 el Central Azucarero producía uno de los mejores azúcares de Venezuela, con certificado de calidad ISO 9001, una de las normas más exigentes en cuanto a servicio y calidad. Además, para esa fecha habían hecho una inversión cercana a los 6.5 millones de dólares en la optimización y modernización de la planta, cambio de calderas y la incorporación de tecnología para reducir la contaminación, tanto interna como externa, en el marco de responsabilidad social de la empresa— explica.
También resalta que Cazta era una de las empresas de mayor generación de empleo a ambos lados de la frontera, para trabajadores industriales, corteros de caña, transportadores de azúcar, personal de cultivo, cosechas, labores agrícolas y contratistas o proveedores de insumos, quienes gozaban del mejor contrato colectivo del Táchira, salarios, servicios médicos incluyendo a sus familias, respeto, apoyo a la investigación y fomento a la cañicultura, y era ejemplo del mejor rendimiento azucarero en Venezuela”.
“Drástica la caída de producción”
Comenta que: “Aunque en principio muchos de sus trabajadores avalaron la ocupación del gobierno ordenada por las autoridades, esperando el bienestar y sustentabilidad de la compañía, hoy en día los que subsisten se sienten desconcertados, confundidos, preocupados, porque así les hayan prometido que los volverán a contratar, no tienen esperanza de que Cazta vuelva a ser la que fue, solo abriría para refinar azúcar cruda, como lo han hecho estos últimos años, importada de Brasil, y porque las grandes extensiones de caña se han ido acabando”.
Recuerda que la primera medida que tomó el gobierno, cuando aún Cazta estaba en manos de sectores privados, fue la prohibición de procesar la caña proveniente del Norte de Santander, Colombia; eso, según Rozo, “aunado a las políticas contrarias a la dinámica que llevaba la empresa, empezó a afectar drásticamente la producción de azúcar, y la poca que se refinaba se iba para el centro del país y desapareció de los anaqueles de abastos y supermercados del Táchira”, asegura.
Reconoce el expresidente de Fedecámaras Táchira que Cazta contó con el apoyo del exgobernador Ronald Banco La Cruz, quien fue uno de los defensores y propulsores de este tipo de empresas, por su obligación como gobernante para defender y promover el empleo, y porque se trataba de una empresa insigne del Táchira, dado que su producción abastecía a los estados Táchira, Mérida, Barinas, Apure y parte del Sur del Lago Maracaibo”.
– Sin embargo, la empresa empezó a decaer, porque gran parte de los expertos en producción emigraron al no estar de acuerdo con los cambios administrativos, ya que, por ejemplo, para trabajar ahí debían estar inscritos en el Psuv, eran obligados a ir a mítines políticos, elementos que dieron al traste con el empuje de esa empresa tachirense que demostró que tenía uno de los mejores contratos colectivos de la región, razón por la cual nunca tuvo una denuncia ante el Ministerio del Trabajo— argumenta.
“Violan la LOT”
Ahora, señala José Rozo, “cerca de 200 trabajadores que quedan allí se sienten abatidos, desconsolados, engañados y, por si fuera poco, les han dado un preaviso hasta el 10 de marzo y los liquidarán de forma sencilla, es decir, violando la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo”.
De hecho, alerta Rozo que: “Les han advertido que hay una disposición del Gobierno nacional en las oficinas inspectoras del trabajo, mediante la cual se establece que no se aceptan demandas contrarias a las disposiciones que tengan las empresas del Estado, principalmente, las que están relacionadas con la producción de azúcar en el país, lo cual debe ser revisado por las autoridades, porque de ser cierto sería muy grave y violatorio de los derechos humanos, pues el derecho al trabajo es universal”.
En este sentido, José Rozo emplazó a la Defensoría del Pueblo para que “acuda al Central, verifique lo que allí sucede y respalde a los trabajadores de Cazta públicamente; y, si es inevitable el cierre de Cazta, por lo menos se les respeten los derechos laborales”, dice.
También insta a la clase trabajadora del Táchira a que “se solidarice con esta causa, no puede ser posible que se cometa un genocidio laboral contra quienes de la noche a la mañana pierden sus trabajos y lo que por ley les corresponde”, así lo redacta Leidy Zafra del diario La Nacion.