La justicia tarde pero llega. Después de 12 años de litigio, la denuncia contra el Estado venezolano por discriminación política a través de la lista Tascón llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El anuncio fue hecho por las víctimas Rocío San Miguel, Thaís Peña y Magally Chang, quienes en marzo de 2004 fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras como represalia por haber firmado en apoyo a la solicitud de referéndum revocatorio contra el entonces presidente de la República Hugo Chávez.
Créditos: EFE
Los reclamos ante los tribunales venezolanos fueron infructuosos, por lo que en marzo de 2006 solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alegaron la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial y desarrollo progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 8 de marzo, luego de 10 años de trámites, la Comisión Interamericana verificó la denuncia y acusó al Estado ante el máximo tribunal hemisférico, con sede en Costa Rica.
La representación estatal niega la discriminación política y ha insistido en que San Miguel, Peña y Chang eran personal de confianza y, por tanto, de libre nombramiento y remoción, reseñó El Nacional.
Héctor Faúndez, quien encabeza el equipo de abogados de las víctimas, integrado también por Jesús Ollarves, Ligia Bolívar y Juan Carlos Gutiérrez, considera que es un caso complejo, pues habrá que demostrar con el mayor nivel de detalles cómo operaron los mecanismos de exclusión contra los que se manifestaron a favor de la culminación adelantada del mandato de Chávez.
“Sin embargo, el propio ex presidente admitió públicamente el uso político que se le dio a la lista Tascón. De hecho, en una oportunidad llegó a decir que el registro de opositores había cumplido su objetivo, por lo que recomendó enterrarlo. Ello permite presumir que el mecanismo de discriminación se utilizó por un largo período y que fueron muchos los afectados. Incluso, no se descarta que sea uno de los instrumentos que sigue aplicando el oficialismo para forzar lealtades. Es probable que todos los venezolanos conozcamos a alguna víctima”, afirmó Faúndez.