El barrio de El Chaparral comenzó a recibir financiamiento del Gobierno nacional en el 2005, cortesía de un plan de Hugo Chávez para combatir la pobreza transfiriendo miles de millones de dólares de los ingresos petroleros a las comunidades del país. Un año más tarde, el mecánico Juan Freire le rogaba a las autoridades para que cortaran el chorro de dinero a El Chaparral y a su comunidad hermana, Los Pinos, con una población combinada de 250 personas. El dinero no iba a los necesitados, dijo, y no estaba impulsando el crecimiento económico. Por el contrario, alegó, los líderes del consejo comunal en este montañoso suburbio junto al mar Caribe estaban usando parte del dinero para gastos personales y la construcción de viviendas para sus familiares.
Freire y sus vecinos presentaron denuncias a casi una docena de agencias estatales buscando frenar aquellas transferencias, reseñó el portal de Notitarde, citando a la agencia de noticias Reuters. Y sin embargo el dinero siguió llegando. En el 2008, el consejo recibió el equivalente a casi 1 millón de dólares o unos 40.000 dólares por residente. «He ido hasta el Ministerio y siempre nos terminaban diciendo ‘vamos a mandar algunas recomendaciones'», dijo Freire, de 57 años. «Es que nunca nos dieron respuesta de nada».
El gasto no supervisado en El Chaparral es sintomático del escaso control financiero en los vastos esfuerzos del Gobierno por ayudar a las comunidades más pobres de Venezuela. Una red de más de 70.000 grupos comunitarios ha recibido el equivalente a por lo menos 7.900 millones de dólares desde el 2006 de la agencia federal que financia gran parte del programa, según cálculos de Reuters basados en los informes oficiales del Gobierno.
El dinero es parte de un amplio esfuerzo que el Gobierno llama «Estado Comunal». El programa destina el dinero a las comunidades, principalmente a través de un equipo llamado el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales o Safonacc. Pero, exactamente cuánto dinero pasa a través de este sistema, quién lo recibe y cómo se utiliza es un gran misterio.
El programa de reparto de ingresos a las comunidades fue promovido por el fallecido presidente Chávez. El carismático militar de izquierda quería que pequeños grupos de vecinos formaran «comunas» que definirían la vida de una democracia socialista.
En uno de sus últimos discursos antes de morir de cáncer en el 2013, Chávez pidió a su sucesor, Nicolás Maduro, seguir con el plan. «Te encomiendo esto como te encomendaría mi vida», le dijo a Maduro, un ex chofer de autobús que ganó por estrecho margen las presidenciales unos meses más tarde.
De estas organizaciones las más habituales son los consejos comunales, unos 40.000 según un estudio publicado en el 2013 por el Ministerio para las Comunas. Esa evaluación también identificó a otras 30.000 organizaciones, incluidas las comunas que suelen ser redes de consejos comunales.
Maduro ha enfrentado tres meses de violentas protestas opositoras que han dejado 41 muertos desde febrero, según cifras oficiales. A pesar de que los manifestantes claman por su renuncia, él no muestra signos de una posible dimisión y se ha aferrado al programa estrella de Chávez: el Estado comunal.
El presidente ha defendido las comunas como el esfuerzo de Chávez para reducir la desigualdad a través de los millonarios ingresos petroleros de la nación. Muchas comunidades fundaron, con éxito, centros comunitarios, repararon carreteras y pusieron en marcha pequeñas empresas. «Sin comunas se acabaría todo», ha dicho Maduro. «La comuna es el epicentro para la vida humana en solidaridad, para la vida verdaderamente humana, para la vida en socialismo».
Cuentas ocultas
Pero el Gobierno venezolano no publica una contabilidad oficial de cómo se gastan los fondos de apoyo comunitario. El Ministerio de Finanzas no respondió a las preguntas sobre el financiamiento de comunidades para esta investigación. Safonacc es supervisado por el Ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales, que promueve «el desarrollo social integral y participativo». Un funcionario de este ministerio dijo que no estaba autorizado a dar información. Reuters no pudo obtener una entrevista con el ministro de Comunas, Reinaldo Iturriza.
Algunos funcionarios del Gobierno han alertado sobre el gasto. En su informe del 2011, la Contraloría General de la República identificó problemas de gestión por parte del Safonacc. El informe concluía que la entidad carecía de un sistema centralizado para rastrear los gastos y dar seguimiento a los proyectos.
La oficina del contralor dijo a Reuters que no lleva la cuenta de las transferencias totales a las comunidades; solo controla las finanzas de los consejos comunales que audita. Pese a las irregularidades en el Safonacc, la Contraloría dijo que las denuncias «no permiten objeciones acerca de la pertinencia de la existencia de estas instancias sociales y comunitarias. Por el contrario, (las denuncias) se corresponden con el deber de cooperar para el apuntalamiento de su desarrollo y consolidación (de los consejos comunales)».
Políticos opositores aseguran que el Gobierno está usando el sistema para financiar a sus simpatizantes esquivando a alcaldes de la oposición y han señalado que el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) -que usa recursos del Estado para ayudar a las regiones pobres a desarrollarse a la par de las más ricas- lleva tres años dando más dinero a grupos comunitarios que a los 337 municipios del país.
El Ministerio para las Comunas divulgó un comunicado en enero reportando que el Safonacc sólo transfirió un equivalente a unos 733 millones de dólares a grupos comunitarios entre el 2009 y el 2013. Sin embargo, la información incluida en el comunicado parece contradecir los informes anuales del Ministerio ante el Congreso, que demuestran que se transfirió más que esa cifra en un sólo un año. El Ministerio no respondió a solicitudes de aclaración.
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