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¡GUISO MAYOR! Misión Vivienda: dinero malgastado y empresas internacionales sospechosas

Prometen y prometen viviendas para los venezolanos ¿la intención?, mantener al pueblo “feliz” a punta de promesas y con eso tener “votos asegurados” en los próximos comicios.

El expresidente Marcos Pérez Jiménez, muchos años después de haber salido del poder, dijo en una entrevista “El problema con los venezolanos es que les gusta que les prometan, que les hablen bonito, no importa que no hagan las cosas, siempre que vivan diciendo que las están haciendo”, y al parecer, tuvo toda la razón.

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Prometen casas… ¿dónde están y a costa de qué?

En la danza de millones de dólares correspondiente a los contratos otorgados por el Gobierno tomaron parte iraníes, uruguayos y portugueses. Pero la improvisación y la falta de controles por parte de las autoridades han causado retrasos, incumplimientos, pleitos judiciales y en definitiva, la frustración del sueño de vivienda propia de miles de venezolanos.

El trabajo de la periodista Cristina González, para el portal web Armando.info, reseña el gasto público que realiza el Gobierno nacional para traer estas casas, en su mayoría extranjeras, sin dar oportunidad al mercado venezolano.

A continuación el reportaje:

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido enfático al afirmar en repetidas ocasiones durante las últimas semanas, justo cuando las estrecheces en el flujo de caja empiezan a apretar las cuentas públicas, cosas como “Por cada apartamento que recibe una familia hay 60 mil dólares, quizás más”.

Que la cuenta esté expresada en dólares no es casualidad. Como admite el propio presidente, son importados al menos 40 por ciento de los componentes de una vivienda típica construida para las misiones del Gobierno. Además, buena parte de estos programas dependen de una “solidaridad” internacional muy bien remunerada con petrodólares.

Desconfiados por la agenda política del sector venezolano de la construcción, Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, prefirieron asignar los grandes proyectos de vivienda a empresas privadas o estatales de “países amigos”, como China, Rusia, Bielorrusia, Irán y Uruguay.

Pero los convenios internacionales para la construcción de casas prefabricadas, una de las alternativas a las que el Gobierno chavista ha echado mano como respuesta rápida al déficit habitacional en Venezuela, no han funcionado del todo: los incumplimientos de contratistas extranjeras y las fallas de planificación, control y seguimiento de parte de las autoridades venezolanas, han dejado como resultado muchas vigas y pocos techos, y amplios terrenos desmalezados sin viviendas.

Para esta fecha, debían estar listas más de 30 mil casas de ese tipo a través de la ejecución de cuatro alianzas binacionales, pero hoy los avances no alcanzan ni la cuarta parte de lo estipulado.

Los ingentes recursos en juego, la frágil contraloría, el apremio y la asignación de proyectos a dedo, conformaron juntos un bocado jugoso para la corrupción.

Tan solo en marzo pasado, en el marco de las indagaciones que autoridades españolas adelantan ante el presunto lavado de dinero negro por parte de exfuncionarios venezolanos en la Banca Privada D’Andorra y su filial Banco Madrid, el nombre de la contratistaEssentium figuró en un reportaje del diario español El Confidencial que cita a la compañía, con base en un informe de inteligencia de junio de 2013 de la Policía Nacional de ese país, de pagar comisiones millonarias para la adjudicación de contratos públicos de construcción en Venezuela. “Los movimientos bancarios sin duda evidencian el uso de maniobras habituales de blanqueo”, afirma el diario, citando a una fuente.

Essentium es un conglomerado de cementeras y materiales para la construcción, que se ha extendido al sector inmobiliario en épocas recientes. A su cabeza aparece Susana Monje, hija del empresario Valentín Monje, ambos –siempre según los medios españoles– fichas cercanas al clan de Jordi Puyol, el presidente de la Generalitat catalana que ahora pasa apuros bajo señalamientos de evasión de impuestos y corrupción. Susana Monje es además tesorera del FC Barcelona y considerada mano derecha de Sandro Rosell, expresidente del Barca, procesado ahora por el caso Neymar y señalado por prácticas corruptas, en combinación con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Texeira, cuando Rosell fue presidente de la marca deportiva Nike en Brasil.

Essentium consiguió un contrato a finales de 2011 para la fabricación de 3 mil 662 viviendas de interés social en Santa Teresa del Tuy (estado Miranda). Solo durante tres meses de 2012, El Confidencial rastreó depósitos de Pdvsa, la estatal petrolera venezolana,a una cuenta de Essentium en el Banco Sabadell de Cataluña por 92,6 millones de dólares.

Pero de esas viviendas, que según el contrato debieron estar terminadas para mediados de 2013, hoy solo hay un poco más de 200 construidas en el sector El Triplex de los Valles del Tuy, como admite el ministerio del área en declaraciones oficiales.

Essentium también figura en el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de España –cuyo contenido se filtró por varios medios españoles– como fuente de sobornos para ex funcionarios venezolanos, como el ex director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Carlos Aguilera, de hasta 4,8 por ciento del costo de un contrato para la rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas.

El caso no está siendo visto por la justicia venezolana. Por ahora apenas aflora en la prensa española. Pero, entre tanto, otros proyectos para la fabricación rápida de casas, con contratistas internacionales, se han convertido en prematuros elefantes blancos, en motivo de frustración para las familias que esperaban contar con viviendas propias, y en materia de atención para organismos jurisdiccionales en Venezuela.

Voceros comunitarios de la localidad de Tinaquillo, estado Cojedes, como Martín Garza, del Observatorio Cojedeño de la Violencia, y el concejal Juan Carlos Villegas, dan testimonio del cementerio de casas incompletas en distintas zonas de la entidad, a la vista de todos, como recuerdo de la promesa de las 12 mil 193 viviendas que la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur S. A. (Umissa) debía instalar en territorio venezolano.

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“Nosotros las llamamos las casas de cartón”, dice Garza, quien denuncia el agrietamiento de algunas. La propia gobernadora de Cojedes, Érika Farías, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se vio en la obligación, en agosto de 2014, de anunciar la refacción de las pocas unidades que se levantaron bajo el proyecto. “Fueron 500 casas que se iban a hacer, se concretaron 300 y quedaron un conjunto de familias sin la casa y otras con la casa mal hecha (…) Ya hoy están reconstruyéndose 278 y vamos a seguir porque lo hemos asumido como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, declaró. Tres años antes, el discurso oficial garantizaba calidad: María Elena Villaquiran, presidenta del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (Indhur) de Cojedes, destacaba la adaptabilidad al clima y durabilidad de los kits uruguayos.

El Registro Nacional de Contratistas del Estado (RNC) reporta trabajos incompletos de instalación de viviendas con material uruguayo, principalmente por parte de empresas que funcionan bajo la figura de cooperativas. Benjamín Villegas, representante de la Asociación Cooperativa Constructrans del Sur, del estado Apure (llanos suroccidentales de Venezuela), asegura que la instalación de cada casa tardaba, en los planes, aproximadamente 22 días, pero que ellos recibían la totalidad de las piezas con tres o cuatro meses de retardo. Manuel Velázquez, de la Cooperativa Lovirpa, explica algunos cambios en el proceso ante ese problema, como el uso de techos nacionales de acerolit (lámina compuesta por dos películas de aluminio y asfalto líquido) para sustituir las tejas uruguayas que no llegaron. “Faltaron piezas de baño y hubo que adaptarles otras. También tuvimos que mandar a hacer nosotros las tapajuntas, que son como una chapa de madera que se coloca en forma de columna donde coinciden las paredes”, explica.

A pocos kilómetros de los vestigios del frustrado convenio con Uruguay, en la misma población de Tinaquillo, fue inaugurada en 2012 una planta de estructuras metálicas para la construcción de unidades habitacionales, en el marco de una alianza con la República Islámica de Irán. “De la fábrica sale el kit completo de acero galvanizado para viviendas de 80 metros cuadrados”, explicó el entonces ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, hoy vicepresidente para la Planificación y el Conocimiento, y marido de la directora del canal TeleSur, la periodista colombiana Patricia Villegas.

Esta planta y otras dos más ubicadas en Cabimas, estado Zulia (sobre la costa oriental del Lago de Maracaibo), y Temblador, estado Monagas (llanos orientales de Venezuela), instaladas bajo el amparo de un acuerdo de 14,1 millones de dólares, debían producir 8 mil 544 kits de viviendas para septiembre de 2013, pero el informe de 2014 de la Contraloría General de la República precisó que sólo se produjeron 180, o solo dos de cada 100 planificadas. A Tony Tovar, abogado de la empresa canadiense Novatech, no le sorprende el déficit: hace un año había denunciado la adquisición irregular de equipos para estas plantas por parte del Estado venezolano a través de la compañía contratista iraní Tarasazeh Tabriz.

Hoy las plantas construidas con esos materiales no producen ni cerca de lo prometido, 60 mil viviendas al año. La Contraloría, por su parte, encontró fallas en materia de ingeniería y operación de las máquinas. “No se cumplió con las fechas programadas para el suministro, instalación y puesta en marcha de la línea LSF en la planta Los Cabimos y de las otras dos plantas, Tinaquillo y Leonarda Rivas, no se generaron actas de control perceptivo al momento de recibir los equipos, ni se definieron hitos de control para el seguimiento de la ejecución física de la instalación de las líneas de producción”, señala el reporte de la Contraloría General de la República de 2014.

La alianza Venezuela-Portugal, que desde 2008 planteaba inicialmente el levantamiento de 50 mil apartamentos por el Grupo Lena, fue ciertamente promovida por el ex presidente Hugo Chávez y el ex primer ministro portugués, José Sócrates, este último detenido a finales de 2014 por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Otra sombra de la relación bilateral fue la detención del exadministrador del Grupo Lena, Carlos Santos Silva, por el mismo caso. La empresa manifestó entonces en un comunicado que eso no tenía por qué afectar ni su imagen ni sus trabajos.

Con información de El Venezolano News.

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