El juicio sobre el supuesto desfalco de más de 84 millones de dólares al Fondo de Cooperación Chino Venezolano lleva más de seis meses paralizado.
La investigación por este caso comenzó en diciembre de 2012, donde se descubrieron desembolsos aparentemente irregulares a favor de dos empresas de maletín, las cuales fungían como distribuidoras de tractores, sin embargo, pese a haberse pagado el dinero, las maquinarias nunca llegaron al país.
El debate oral y público comenzó en septiembre de 2014 en el Tribunal Sexto de Juicio del área metropolitana, a cargo del abogado Jesús Izaguirre.
Este funcionario, sin embargo, fue enviado a finales de 2014 como juez a Tucupita, capital de Delta Amacuro. Se abrió un lapso hasta el 12 de enero, mientras se designaba otro titular del juzgado y pasaban las vacaciones decembrinas. Desde entonces, cada vez que las partes del proceso acuden al tribunal encuentran la misma noticia: “No hay despacho”.
La investigación por este caso comenzó en diciembre de 2012, a través del Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, para ese momento a cargo del general Hugo Carvajal. Los instructores fueron funcionarios del Cicpc y de la Dirección de Contrainteligencia Militar.
Se descubrieron desembolsos aparentemente irregulares a favor de dos empresas de maletín: Kelora, S. A., que recibió 22 millones de dólares, y 62 millones de dólares pagados a Bismarck Consorcio Trading Corp. Las empresas fungían como proveedoras de tractores y otras maquinarias agrícolas, en el desarrollo de los programas para la “soberanía alimentaria”.
Los tractores no llegaron al país. Al revisar los expedientes, funcionarios del Fondo Chino se percataron de que la negociación inicial era con la compañía argentina Pauny, pero en el trámite la suplantaron por sociedades fantasmas. El dinero finalizó en cuentas de bancos suizos.
Con información de El Nacional.