Lo que al principio pareció ser la decisión aislada de un directivo, pronto se confirmó que era una orden emanada desde el Ministerio de Educación: niños y adolescentes deben estampar sus firmas para apoyar la campaña del Gobierno de recolectar las 10 millones que busca Maduro según para que el Presidente Obama elimine el decreto contra Venezuela, reseña El Universal. Esta información fue negada por el ministro de Educación Héctor Rodríguez, pero las pruebas, circulares, y hasta fotos que corren por las redes sociales lo desmienten.
«El miércoles obligaron a los docentes a entregar las listas con las firmas de los alumnos. Nunca antes había sucedido algo así. Sé que muchos estudiantes se negaron porque no sabían para que pedían sus firmas», denunció una profesora del Liceo Pablo Vilas, ubicado en la Cota 905 en Caracas.
Relatos como el anterior se repiten en diversos estados del país. La vocera del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, profesora Raquel Figueroa, denunció que en los planteles de Preescolar y Primaria del estado Yaracuy «el gobierno nacional está utilizando a niños y niñas de 3 a 5 años de edad para rechazar con sus huellas digitales la supuesta «amenaza del presidente de Estados Unidos a Venezuela».
La orden oficial no se limita solo a estudiantes; los docentes, personal administrativo y obrero también deben sumarse a la campaña: «No somos una amenaza. Somos esperanza. Queremos vivir y crecer en paz». La recolección de firmas está acompaña de actividades culturales y elaboración de lazos con los colores de la bandera colocados en la entrada de cada plantel.
El presidente de Fetrasined, Falime Hernández, condenó la manipulación y la campaña ideológica que promueve el Gobierno. «Es una clara violación de los derechos de los niños a quienes se está utilizando para algo que desconocen».
En ese sentido, la organización Fenasopadres emitió un comunicado en el cual advierten «que nadie está obligado a firmar». En el documento denuncian «la conducta abiertamente conminatoria del MPPE de utilizar la estructura educativa con fines partidistas, manifestamos nuestro profundo rechazo a estas prácticas».
De igual modo, alertan «que los padres y representantes deben ser consultados previamente antes de autorizar expresamente la participación de sus hijos en actos que no están contemplados en los planes de estudios». De igual modo, denuncian que el Gobierno «pretende imponer un pensamiento único, estatista, que evoca las prácticas más ominosas en la historia de la humanidad».
Por su parte, la vocera de la Red de Madres Padres y Representantes y miembro del Consejo Asesor para la Consulta de Calidad Educativa, Lila Vega, conminó al Ministro Héctor Rodríguez, a aclarar si el documento identificado con «Instrucción Ministerial de Emergencia» fue en efecto emitido por su despacho, o si es producto de funcionarios de menor rango que actuaron sin su conocimiento.
Aclaró que los niños no pueden aprender a resolver los conflictos de manera no violenta no es un objetivo menor, debe convertirse en una prioridad. El discurso oficial que plantea la cotidianidad en términos bélicos actúa en sentido contrario y debe ser modificado de inmediato.
Para los consultados, la orden ministerial se enmarca en el «uso indebido de la autoridad del Estado y violación a los derechos de los niños y jóvenes».