Venezuela se sometió este lunes y hoy al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
En la primera sesión, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, indicó que Venezuela ha condenado hasta ahora solo a siete funcionarios públicos por la represión de las manifestaciones ciudadanas ocurridas de febrero a junio del 2014, y hay otros 29 cuyo caso aún no ha concluido.
Al inicio de su intervención, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se refirió a las consecuencias penales de esas manifestaciones, que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Ortega indicó que 36 funcionarios «de distintos cargos del Estado» fueron acusados por presuntos delitos cometidos en ese contexto, nueve de ellos acusados de homicidio y 27 por trato cruel, de los que siete «han sido condenados hasta el momento».
Asimismo, Ortega señaló que tras las miles de detenciones que siguieron a las manifestaciones, hasta la fecha, fueron sobreseidos los casos de 1.659 personas, 1.558 fueron acusadas, 1.218 recobraron la libertad plena, y 35 están detenidas, de ellas 14 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y 21 civiles».
Para responder sobre cuestiones relacionadas con las funciones de seguridad ciudadana de las Fuerzas Armadas, Ortega indicó que la Constitución sólo otorga funciones de «seguridad de la nación» al Ejército.
Sin embargo, asumió que han llevado a cabo de forma puntual funciones de seguridad ciudadana, a la espera que se conforme la nueva Policía Nacional Bolivariana.
Por otra parte, la fiscal indicó que la tasa de homicidios en 2014 fue de 62 asesinatos por 100.000 habitantes.
«Pero indicamos que Venezuela está intentando fomentar una cultura de paz para frenar el alza de homicidios», dijo Ortega, que afirmó que el Estado ha logrado «inutilizar» 26.518 armas.
Los expertos también habían consultado sobre por qué no se elevaba a 18 años la edad mínima para poder contraer matrimonio, y la delegación explicó que, «al menos», ya se ha elevado de 14 a 16 años para las mujeres, con lo que se ha equiparado entre sexos.
Ahora está en manos de la Asamblea legislativa elevar la edad mínima a 18 años, pero informaron de que este aspecto debía tener en cuenta las costumbres y rasgos culturales de las zonas rurales.
Con información de Diario Las Américas.