La figura del «patriota cooperante» como ha sido llamado por el Gobierno, es un nombre que cada vez figura más y más en cada denuncia o investigación. Se trata de una persona que acude a las autoridades sin ningún elemento o prueba, realiza una denuncia y de inmediato las autoridades se activan y comienzan su búsqueda, sin reparar en investigaciones o pesquisas.
Rodolfo González, conocido como «El Aviador» quien murió ahorcado en el Sebin semanas atras, es una de las victimas. Fue denunciado por uno de los denominados «patriotas cooperantes» tras las protestas que comenzaron el 12 de febrero de 2014 y por las cuales Leopoldo López actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Ramo Verde.
El Código Orgánico Procesal Penal (COPP), artículo 268, describe perfectamente cómo debe elaborarse una denuncia.
“Podrá formularse verbalmente o por escrito y deberá contener la identificación del o la denunciante, la indicación de su domicilio o residencia, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticias de él, todo cuanto le constare al o la denunciante”.
“LA DENUNCIA ESCRITA DEBE SER FIRMADA POR EL DENUNCIANTE”, (COPP).
Para el abogado Joel García, quien fue defensor de Rodolfo González, el problema está en que las autoridades obtienen la información del patriota cooperante y “el Sebin de una vez lo toma como un hecho, como cierto y no es corroborado con otro tipo de investigación”. En el caso de “El Aviador”, describió García: “por ejemplo, que Rodolfo era un piloto que traficaba armas; Entonces se buscan en Facebook una foto de Rodolfo al lado un avión y dice la fiscal: en este avión es donde Rodolfo González trafica armas”.
El jurista se manifestó indignado que todo se basa en “chismes” de un “patriota cooperante”, que no se sabe si existe o no, y no se fortalece con pruebas recabadas, para determinar si la información aportada por esta figura es cierta o no.
Según comenta García, mientras retoma el caso de Rodolfo González, el célebre “denunciante” habría dicho a las autoridades que González trancaría la autopista Caracas-La Guaira y la Gran Mariscal de Ayacucho.
Enfatiza, “iba a trancar, son cosas que iban a suceder a futuro. ¿Cómo se materializa eso? Es decir, ¿acaso el pensamiento es criminoso? ¿El hecho de que yo pueda pensar cometer un delito sin exteriorizarlo, eso es delito? Eso no es delito, si hubiese sido el caso”.
Según una de las máximas autoridades mundiales en teoría del Derecho, el alemán Günther Jakobs, “el derecho penal del enemigo pena la conducta peligrosa de un sujeto en etapas previas a la lesión, con el fin de proteger a la sociedad en su conjunto, y esto quiebra la relación lógica tradicional entre pena y culpabilidad”.
“La figura del patriota cooperante es un comodín que están utilizando los órganos de seguridad del Estado, para reprimir a la disidencia”, dice Joel García.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Gutiérrez indicó que la información que pudiera suministrar el llamado patriota cooperante, sólo serviría para labores de inteligencia y contra inteligencia, sin que ésta tenga ningún tipo de validez en el proceso penal. Esta figura, resalta Gutiérrez, tiene la particularidad de que actúa bajo el anonimato, y el anonimato está prohibido en la Constitución Nacional.
“Los informes que he visto de los patriotas cooperantes, son respaldados por información obtenida de GOOGLE, Facebook y de Twitter, y eso no tiene ningún tipo de valor probatorio en una sala de audiencias”, indicó el jurista defensor de Leopoldo López.
Juan Carlos Gutiérrez manifestó que en toda su carrera como litigante, no había visto una figura como la del “patriota cooperante”. Sin embargo, por un momento hizo una pausa para recordar que de ocho años hacia el presente, habían visto unos procedimientos que realizaba el CICPC en base a llamadas anónimas.
“Fue una mala praxis policial, que también ocurría en la época de la PTJ, una llamada decía que, X casa era un centro de distribución de drogas y entonces la PTJ se metía, tumbaba la puerta sin orden judicial, violando los procedimientos, y conseguían una supuesta droga”.
Esos procedimientos que se iniciaban con denuncias anónimas, fueron y son procedimientos que han servido históricamente para violentar Derechos Humanos, para hacer siembras y hacer procedimientos ilegales, recalcó Gutiérrez.
Con información de El Estímulo.