De acuerdo a los abogados Jorge Rosell y Ramón Pérez Linárez y el politólogo Radamés Graterol, consideran que María Corina Machado, enfrenta un proceso judicial sin garantías de transparencia.
Cabe recordar, que la dirigente es acusada de instigación a delinquir “en su modalidad agravada previsto en el artículo 285 del Código Penal, con una pena de tres a seis años de prisión”, explicó Rosell. Convocar a una manifestación pública conforme a la ley, como lo hiciera Machado en febrero, no representa un delito, aclaró.
“La justicia procede en contra de la lógica (…) Los imputados y enjuiciados son las víctimas de la violencia y no los funcionarios que la ejercieron. Se imputa a Machado por la violencia que proviene de militares y policías que reprimieron las manifestaciones“, agregó.
“Se trata de la judicialización de la actividad política. En estos hechos se cometen una serie de vicios y errores que desvirtúan la aplicación de la justicia. No se rigen por el debido proceso”, manifestó el abogado Ramón Pérez Linárez.
No descarta, que la líder opositora sea detenida y llevada a juicio tal como le sucedió a Leopoldo López. “Es probable que le dicten una medida privativa de libertad. El Poder Judicial perdió su autonomía y sólo obedece los lineamientos del Gobierno”, aseguró.
En tal sentido, sentenció que el Gobierno de Nicolás Maduro “tiene un talante dictatorial” y lo demuestra cuando persigue a la disidencia.
Sin embargo, recordemos que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que Maria Corina Machado aún no posee imputación alguna de parte del organismo que ella preside.
Fuente: El Impulso