El patriota cooperante deambula ahora en las empresas perturbando el clima de las organizaciones, incluso en empresa del estado. “Hay miedo de ser delatado por quien menos piensas”. Con ese clima hostil se trabaja hoy en Venezuela. Ante cualquier crítica al régimen del presidente Nicolás Maduro, rápidamente hay algún delator para tomar nota, publica Infobae.
“Dentro de la oficina no me atrevo a mencionar los errores de las autoridades del organismo, y mucho menos del gobierno, porque somos espiados”, explicó una funcionaria estatal, que pidió reservar su identidad.
Según consigna el periódico venezolano, sindicatos paralelos son establecidos por el gobierno chavista en el sector privado. A su vez, la cúpula bolivariana también ubica a dirigentes afines para ocupar directivas de las organizaciones, con el principal objetivo de hacer un exhaustivo seguimiento y espionaje de los patronos.
El Ejecutivo también promueve el control y absorción del sector privado a partir de expropiaciones y nacionalizaciones de compañías, entre otras prácticas.
“En las empresas básicas de Guayana ha ingresado personal sin cargos ni funciones específicas y cuyo mérito es ser militante del PSUV. Los trabajadores saben que están allí para espiarlos”, expresó José Luis Alcocer, dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco.
Estos grupos paralelos conformados por el chavismo están compuestos por cerca de 5.000 personas, cuyo deber es dar conocimiento a los organismos de seguridad del Estado sobre los conflictos generados por reclamos a los incumplimientos laborales.
Empresas de manos cruzadas
El Ejecutivo ha modificado algunas leyes con lo que ha dejado a los patronos desprovistos de mecanismos de defensa ante los abusos e incumplimientos de los trabajadores. Tal es el caso de las denuncias que realizan los patronos ante las inspectorías del trabajo y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral que reposan en sus archivos, sin que hayan procedido a emitir una calificación de despido.
Mientras impulsan la cultura del trabajador informante o delator, el empresario se presume culpable y debe demostrar su inocencia. Más que impunidad, con este gobierno lo que predomina es la “inmunidad” para los trabajadores, aseguró.
Citó como ejemplo la reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria 6156, mediante la cual se crea la Intendencia Nacional para la Protección del Salario del Obrero y Obrera con la atribución de recibir y tramitar denuncias de obreros o sindicados sobre prácticas industriales o comerciales que afecten el abastecimiento o accesibilidad a bienes o servicios desarrollados por los sujetos de aplicación.
También en el referido texto jurídico se establece que la intendencia tiene que incorporar la visión y exigencias del sector obrero en sus análisis y determinaciones para coordinar acciones tempranas, con el fin de prevenir distorsiones en el sistema económico nacional.
A los pocos días de su promulgación y después de la denuncia presentada por un trabajador de Empresas Polar, relacionada con los niveles de producción, el presidente Nicolás Maduro ordenó la fiscalización de las plantas procesadoras de maíz de la firma.
Girán advierte que eso podría ocurrirle a todas las industrias. “La normativa también constituye una espada de Damocles para los trabajadores”, agregó. Cuando los empleados hacen una huelga, no autorizada, o paralizan la empresa eso equivale a un sabotaje. El patrono tiene la obligación de denunciarlo. Sobre todo en industrias de alimentos y medicinas. Si se demuestra que fue un hecho ilegal y la empresa no lo reportó es penalizada.