La muerte del aviador de 64 años de edad, Rodolfo González, en los calabozos del Sebin será denunciada por diversas organizaciones no gubernamentales contra el Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 154° período de sesiones que comienza este martes.
El caso de González se denunciará en el contexto de una audiencia especial sobre la criminalización de la protesta social, solicitada por 30 ONG de América, entre ellas, las venezolanas Provea, Espacio Público y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, explicó que la conmoción que ha causado el hecho conduce a analizar la amenaza de traslado de presos políticos a centros penitenciarios de alta peligrosidad, como un mecanismo de tortura psicológica que, en el caso de González, pudo haber influido en su muerte.
En muchos países del hemisferio se señala en un documento de 53 páginas que se consignará ante la CIDH, que se ha recurrido a las reformas penales y a la legislación antiterrorista para menoscabar el derecho a la manifestación pacífica y sin armas.
En Venezuela se verifican ambos mecanismos. La obstrucción de vías, que en algunos países como Bolivia y Argentina corresponde a formas de lucha casi tradicionales, fue tipificada como delito en la reforma del Código Penal de 2005, un año después de la proliferación del cierre de calles que el oficialismo se apresuró a estigmatizar como guarimbas. Además, con la instrumentalización de la justicia penal para reprimir la disidencia frente al gobierno, se ha vuelto común la imputación y acusación por el delito asociación para delinquir, establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
Sobre Venezuela también se debatirá en la CIDH la jurisprudencia restrictiva establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, al supeditar el derecho a la manifestación a una autorización previa, así como los riesgos del uso de la fuerza letal en el control de orden público por parte de funcionarios militares, como está autorizado en la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa.
Rafael Uzcátegui considera que los excesos en la represión de la protesta social ocurridos en Venezuela resuenan en la región como una alarma y uno de los propósitos de esta alianza de ONG es identificar patrones de represión en los países del ALBA para determinar el peso del componente ideológico en la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.
Con información de RunRun.es