El régimen de Daniel Ortega condenó a todos los posibles candidatos presidenciales de la oposición, luego de imponer sentencias que van desde los ocho hasta los trece años de cárcel contra ellos.
Infobae
En noviembre de 2021, Ortega se garantizó un cuarto mandato consecutivo al frente del Ejecutivo de Nicaragua a través de un proceso comicial que la oposición consideró “una farsa” y que incluso llegó a detener entre el 2 de junio y el 24 de julio a 7 de los posibles candidatos con mayores índices de popularidad, reseña Infobae.
Por tal razón, Ortega compitió el pasado 7 de noviembre contra candidatos desconocidos, provenientes de partidos afines a su régimen.
“La declaración de culpabilidad contra los siete rivales que pretendían hacerle frente a Ortega y Murillo es la consumación de la persecución y judicialización política contra todo liderazgo o fuerza opositora que aspiraba disputar el poder a través del voto”, dijo el organismo independiente Urnas Abiertas, que desde el exilio y el clandestinaje ha dado seguimiento el proceso electoral de Nicaragua.
Urnas Abiertas resalta las múltiples violaciones al proceso judicial a las que el régimen acudió para sacar del juego a estos candidatos que, de acuerdo con varias encuestas independientes, le hubiese ganado a Ortega en unas competencias justas y libres.
Al menos 65% de los nicaragüenses hubiese votado por cualquiera de los 7 precandidatos que se encuentran en la prisión y solo 19% lo hubiese hecho por Ortega.
Los posibles candidatos de la oposición fueron arrestados durante una redada policial que se ejecutó contra líderes políticos, periodistas, empresarios y analistas, que en ese entonces alcanza a por lo menos 177 personas apresadas por razones políticas.
El organismo precisa que entre las transgresiones que el régimen cometió contra el proceso de judicial de los presos políticos se encuentran detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación de bienes, prolongación injustificada de prisión preventiva superior a los 90 días que establece la ley, violación a la presunción de inocencia, incumplimiento y rechazo de los recursos de exhibición personal, y el derecho a ser juzgados por jueces imparciales, entre otras.
Aunado a ello, los familiares de los detenidos políticos han denunciado que el régimen los ha mantenido aislados, con escazas raciones de comida, visitas cada dos meses, y sin derecho a entrevistarse con sus abogados.
Redacción Maduradas con información de Infobae.
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