El caso de la activista de DDHH, Lilian Tintori y los Bs. 200 millones que le fueron incautados en una de sus camionetas Toyota el pasado 29 de agosto, ha causado revuelo en las redes sociales y medios nacionales. Después del hecho, el Ministerio Público le abrió una investigación, se le prohibió la salida del país y ya se habla de los delitos que podrían imputarle a la esposa de Leopoldo López, así como los años de cárcel.
Créditos: El Universal
Con respecto al caso, el abogado penal Joel García, indicó a El Cooperante que, para imputarle un delito a Tintori, el Ministerio Público deberá comprobar que el dinero que fue hallado en su propiedad proviene de una actividad ilícita, sino, sería imposible, legalmente, responsabilizar a la esposa de López por algún delito, tomando en cuenta que los billetes cuestionados pertenecen a la moneda nacional y está permitido su circulación legal en todo el territorio.
“Podrían imputarle legitimación de capitales, pero para eso, tienen que comprobar que ese dinero proviene de un hecho ilícito, sino, no hay manera”, aseguró el jurista, quien acotó que si la suma proviene del Banco Occidental de Descuento (BOD), -del que se investigan a dos vicepresidentes de operaciones interbancarias- es menos probable imputarla, puesto que, esta entidad está debidamente registrada para realizar este tipo de transacciones, por lo que es notorio que lo que se desea es desprestigiar la imagen de Tintori.
Embarazada y privada de libertad
Asimismo, García aclaró que la pena que se sentencia por el delito de legitimación de capitales, es de 8 a 12 años de prisión de los cuales, la pareja del líder opositor no podría salvarse si fuese declarada culpable, aún en su condición de gestación.
“En caso de ser acusada, será enviada a un recinto penitenciario, puesto que las leyes venezolanas establecen que solo se puede dictar la medida de casa por cárcel si la fémina se encuentra en los últimos tres meses de gestación o en los primeros de lactancia”, detalló el jurista.
Protección de la CIDH
En cuanto a la medida cautelar de protección dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el profesional en leyes, explicó a El Cooperante que “en un país como Venezuela”, estas decisiones no tienen ningún tipo de validez y ante la cantidad de dinero conseguida en la propiedad de Tintori, la instancia internacional no tiene la capacidad para intervenir en el hecho.
“En un país democrático, donde el gobierno respete esos tratados internacionales, sí tendrían efecto, pero en Venezuela no”, puntualizó.
Transacción BOD
Por otra parte, refirió que en el caso de Junior Fructuoso Márquez Ramírez y Luis Antonio Llavanero,- ambos trabajadores del BOD e imputados por la distracción de recursos de una institución bancaria en provecho de un tercero-, podrían ser hallados culpables, solo si se comprueba que el dinero que aportó la entidad financiera a Tintori, estaba destinada para otra actividad y no para la transacción a la que fue asignada finalmente.
Con información de El Cooperante
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