La Casa Blanca declaró una “emergencia nacional” en relación con Venezuela el pasado 9 de marzo, asegurando que el gobierno de Maduro representa una amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y la política exterior del país.
Si bien muchos analistas y Gobiernos alegaron que esta Orden Ejecutiva era blasfema o, como mínimo, una exageración, Panam Post, expresa las razones por las que si podría ser considerado así.
En un momento en que el Estado Islámico y Al Qaeda están amenazando a miembros del Ejército estadounidense y sus familias, y que regímenes criminales como el de Corea del Norte están vulnerando sistemas electrónicos de defensa, Venezuela no debería encabezar la lista de preocupaciones sobre la seguridad nacional de EE.UU., ¿cierto?
Puedo asegurarles que no. Pero estaríamos desviándonos del punto.
El Gobierno Federal de Estados Unidos ha declarado 53 “estados de emergencia nacional” desde que el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Nacional en 1976 — y Venezuela difícilmente se encontraba dentro de este grupo. El propósito de esta provocadora declaración es dar a los funcionarios estadounidenses carta blanca para enjuiciar y emitir sanciones.
En esencia, se establece un precedente legal para acciones específicas, dirigidas contra personas y entidades de interés — al igual que lo que la Casa Blanca hizo el año pasado, cuando sancionó a los funcionarios rusos por la situación en Ucrania.
Las sanciones sirven, en primer lugar, para proteger el sistema financiero de Estados Unidos de ser penetrado por fondos provenientes de fuentes ilícitas. Puede ser dinero de drogas, mafias o terroristas, que utilizan cada vez más el sistema financiero de Venezuela —principalmente dirigido por el Estado—, como una manera de lavar su dinero.
Y sí, las sanciones a menudo se utilizan con fines políticos, y por sí solas nunca deben confundirse con una estrategia. Pero en este caso, hay que reconocer que los funcionarios estadounidenses están siendo prudentes al prevenir que los fondos ilícitos dañen la empresas o marcas de los principales bancos de Estados Unidos, de los que millones de estadounidenses dependen para sus operaciones bancarias cotidianas. Este es particularmente el caso cuando parte de ese dinero mal habido encuentra su camino de regreso a los bolsillos de los chavistas, que usan sus fortunas para violar los derechos humanos y perseguir a la oposición política en Venezuela.
Sin embargo, esto todavía deja razones de preocupación dado el lenguaje de la declaración, que ha sido utilizado por Maduro y otros demagogos de toda la región. Hay una preocupación más amplia, y es que Venezuela se ha convertido en el epicentro de varias amenazas a la seguridad nacional en la región.
Dos casi confirmadas, una probable
En términos de análisis de amenazas, las comunidades de defensa e inteligencia a menudo se centran en tres áreas que corren paralelamente en todo el mundo: (1) la delincuencia organizada transnacional, (2) el terrorismo, y (3) la proliferación de armas de destrucción masiva.
Sabemos que los dos primeros se están propagando en Venezuela. Cada mes surge más evidencia sobre cómo Pdvsa está patrocinando, la Fuerza Armada Bolivariana está trabajando como intermediaria, y varios funcionarios venezolanos de alto rango están implicados en el crimen trasnacional organizado. Más aún: una investigación del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS) descubrió un canal de crimen y terrorismo, gestionado por Venezuela, que envía drogas y fondos para el Medio Oriente y trae de vuelta al Hemisferio Occidental combatientes extranjeros o terroristas islámicos.
Pero aún más preocupante es la creciente evidencia sobre el papel de Venezuela en la complicidad con la proliferación de armas de destrucción masiva en regímenes criminales, dígase, la República Islámica de Irán. Tal como el prominente semanario brasileño Vejainformó este mes, Venezuela facilitó los intentos de Irán de acceder a la tecnología nuclear de Argentina para apoyar su controvertido (y todavía ilegal) programa nuclear. También hay varios reportes, aunque sin confirmar, de que Venezuela ha proporcionado y adquirido minerales estratégicos, metales y materiales para los programas de armas de destrucción masiva de Irán.
Cuando se suma todo esto, uno se da cuenta de que el gobierno bolivariano-socialista de Venezuela es mucho más que un violador de los derechos humanos. Sus acciones infames se extienden más allá de sus fronteras a los países vecinos — y sí, a los Estados Unidos.
Cuando se habla de la seguridad nacional, el punto de referencia no es comparar un país con otro, sino comparar la tendencia dentro del propio país. Usando ese punto de referencia, la tendencia en Venezuela es definitivamente uno que debe preocupar a los especialistas en la seguridad nacional de Estados Unidos y el mundo.
Con información de PanamPost.