En su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló directamente al líder del régimen, Nicolás Maduro, y menciona primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, como partícipes y copartícipes de las decisiones de reprimir, detener y torturar a disidentes políticos en Venezuela.
En declaraciones realizadas por Martha Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación de la ONU en la presentación del informe este 20 de septiembre, indicando que el Sebin y el Dgcim ejecutó las detenciones y torturas orquestadas por el régimen.
“Las investigaciones de la Misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados al azar por individuos desconectados, que actuaron solos dentro del Sebin y la Dgcim. Por el contrario, el Sebin y la Dgcim fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades”, declaró.
La Misión determinó en su documento que las violaciones de derechos humanos en Venezuela, además de constituir crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del régimen para “silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno”.
“El presidente Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”, se lee en el documento.
A Maduro lo mencionan 73 veces en el informe completo de la Misión: 60 mientras describen la actuación de los servicios de inteligencia y su vinculación con posibles crímenes de lesa humanidad y 13 al describir la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas de Bolívar.
El informe recopila las denuncias del exdirector del Sebin, Cristopher Figuera, quien aseguró a la Misión que Maduro impartía directamente órdenes al Sebin, junto con Cabello las cuales incluían “a qué personas detener, liberar y/o torturar”, según aportes de “numerosas fuentes” a la Misión.
Los altos jerarcas del gobierno decidían quiénes serían los objetivos de las detenciones. Por lo general, se trataba de “políticos de oposición, periodistas y personas que trabajaban para organizaciones estudiantiles, así como líderes y lideresas estudiantiles y de las protestas”.
Con el visto bueno de Maduro y Cabello, según destaca la Misión, el director general del Sebin tenía la facultad de autorizar detenciones sin órdenes judiciales y de participar en los interrogatorios de las personas sin la presencia de sus representantes legales, en particular, en casos políticos de alto perfil.
Un exagente del Sebin informó a la misión que el organismo recurre habitualmente a escuchas telefónicas, intervención física de habitaciones y cámaras ocultas para vigilar a los “objetivos opositores” y que estos reportes se envían diariamente a Maduro a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, o la primera dama, Cilia Flores o Tareck El Aissami, también ordenaron detenciones políticas.
El grupo de la ONU denunció la “tortura y malos tratos” del Sebin a detenidos políticos durante los actos de interrogatorio para “extraer confesiones o información, indicando que Maduro ordenaba practicas como “palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posturas de tensión, así como amenazas de muerte y violación, u otras formas de tortura psicológica”.
El exdirector del Sebin, Cristopher Figuera, aseguró en declaraciones que recoge el informe que Maduro “decidía quiénes serían torturados, quiénes permanecerían detenidos y quiénes serían liberados”.
Además, asegura que si los agentes del Sebin se negaban a participar en los actos de tortura, eran golpeados para intimidarlos «y así hacerse respetar».
Exempleados de la Dgcim narraron a la Misión que las personas eran perseguidas y atacadas por no estar públicamente alineadas con el régimen, “lo que el presidente Maduro supuestamente percibía como una afrenta personal. Según un exempleado de la DGCIM, la mayoría de los miembros más destacados de la oposición política estaban «bajo vigilancia”.
Otra grave acusación contra Maduro que se recoge en el informe vino por parte de exempleados de la DGCIM, y tiene que ver con la práctica de plantar evidencias. Un exmiembro de la Dgcim de alto rango aseguró que Maduro le pidió directamente que le “sembrara algo” a una persona que quería que fuera detenida, a pesar de la falta de evidencia en contra de ella.
Redacción Maduradas con información de RunRun.es