El directivo de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, afirmó hoy que con la no renovación de la concesión de su frecuencia en abierto en el 2007, el Gobierno de Venezuela violó los derechos de la población y de la empresa. Granier declaró este jueves como testigo durante el primero de dos días de una audiencia pública por este asunto que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que tiene su sede en Costa Rica.
El empresario aseguró que la concesión no fue renovada debido a que la posición editorial del medio no era del agrado del Gobierno, entonces encabezado por el presidente Hugo Chávez (1954-2013). Granier calificó esa línea editorial como plural, constitucional, de debate de ideas, participativa y que buscaba “preservar la democracia” del país, lo que a su juicio beneficiaba a la población.
“El Estado ha cometido una serie de abusos y atropellos contra los venezolanos, ha afectado el derecho de la gente a estar informada, a expresarse libremente, y nuestro derecho a ejercer actividades de nuestra preferencia y a trabajar como empresarios”, declaró Granier a Efe. El empresario aseguró que tras la no renovación de la concesión, el Gobierno confiscó la mayoría de los bienes de RCTV sin compensación alguna y con “procedimientos ilegales”.
El directivo de RCTV dijo a Efe que en la actualidad la empresa solo produce algunos programas para terceros medios, pues en 2007 se vio obligada a cerrar sus transmisiones abiertas y un par de años después también sus operaciones como canal de cable, debido a resoluciones del Gobierno. “Queremos que se haga justicia. Nos hicieron un daño y queremos que ese daño sea compensado. Que se restituya el ejercicio de nuestros derechos, que se nos compense los daños y que se castigue a los responsables”, manifestó Granier.
El empresario dijo que al momento del cierre, RCTV era el principal medio de comunicación privado de Venezuela, con cobertura nacional y con 3.000 empleados. En 2013 Venezuela salió del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puesto que tanto Chávez como su sucesor, Nicolás Maduro, consideraron que la CorteIDH y la CIDH constituyen instrumentos de “persecución” de los Gobiernos “progresistas”. El caso de RCTV es el último que enfrenta Venezuela en la CorteIDH, pues llegó a los jueces antes del retiro de ese país del sistema, reseñó el portal de La Prensa Lara.
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