Los estados Zulia, Miranda, Bolívar, Anzoátegui, Distrito Capital pero, sobre todo Táchira vivieron el fervor de estudiantes y jóvenes que se mantuvieron en la calle protestando en algunos casos por reivindicaciones estudiantiles y luego por la represión de la que fueron víctimas. Parecía que protestar ya no era un derecho consagrado en la Constitución, publica El Estímulo.
Mientras más entraban en calor las protestas, más drástica era la represión por parte de los cuerpos de seguridad. En una oportunidad, hasta aviones caza modelo Sukoi llegaron a sobre volar el municipio San Cristóbal para tratar de amedrentar a los grupos en efervescencia.
Imagen de Alejandro Cegarra
Estos movimientos trajeron como consecuencia innumerables detenciones. Algunos fueron detenidos por estar inmersos en hechos violentos, otros por el simple hecho de protestar. Estos fueron los motivos que llevaron a marchar el 12 de febrero de 2014.
La convocatoria la hizo el dirigente político de Voluntad Popular Leopoldo López quien, para ese día contó con el respaldo popular, ayudado por el llamado de los propios estudiantes. La meta, era exigir a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz colocar la lupa sobre los organismos de seguridad y su manera de reprimir pero, además reclamar y conminar al Ministerio Público a poner en libertad plena a los jóvenes detenidos en las diferentes entidades.
Al llegar una cuadra antes de la Fiscalía en Parque Carabobo, Caracas, los estudiantes entregaron un documento pero, no en manos de Ortega Díaz, quien no salió a recibirlos por seguridad. Acto seguido, López emitió un discurso y pidió a los manifestantes regresar en paz, pues el cometido ya estaba hecho. Sin embargo, minutos después todo era caos y confusión.
Imagen de Alejandro Cegarra
La forma pacífica como había transcurrido la movilización terminó cuando algunas personas empezaron a lanzar objetos contundentes contra la fachada de la Fiscalía en la avenida Universidad (centro de Caracas). Además, Incendiaron varios vehículos del CICPC que estaban estacionados en la calle opuesta a la mencionada avenida, incluso la propia plaza sufrió los embates del desorden y, sus bancos se transformaron en piedras que fueron lanzadas por doquier.
Cerca de las dos de la tarde, se escuchó el primer fogonazo de una bomba lacrimógena. Empezaba la tangana entre estudiantes y la Policía Nacional.
Los jóvenes y asistentes a la marcha comenzaron a correr por toda La Candelaria. Iban de la avenida Universidad a la esquina de Miguelacho huyendo de los perdigones. De Miguelacho seguían la carrera hasta la plaza Candelaria, allí descansaban y volvían a la refriega. Cerca de las 3 de la tarde llegaron unos “invitados” que debían estar acuartelados y desobedecieron. Algunos en una camioneta de “Acciones Especiales” y cuales Rambos se bajaron llenos de armas de fuego y se apostaron en la esquina de Tracabordo, otros estaban en la esquina de Ferrenquin, pues justo a la mitad de esta cuadra está la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Imagen de Alejandro Cegarra
Algunos estudiantes rompieron el cordón policial que estaba apostado en la esquina de Miguelacho hacia Tracabordo y corrieron en esa dirección. Al llegar a Tracabordo se encontraron con los carros del Sebin y cruzaron. Los funcionarios que estaban apostados en el Ministerio que, en ese momento manejaba Miguel Rodríguez Torres, abrieron fuego contra los despavoridos estudiantes que huían hacía Monrroy.
Disparaban y disparaban, sacaban una cacerina del arma y colocaban otra. Pero, a quién le disparaban?, Si en la otra esquina llamada Monrroy había un piquete de la Policía Nacional?, es allí donde se producen las dos primeras muertes de las protestas de 2014: Bassil Dacosta y Juan Montoya.
Dacosta recibió un disparo certero en la cabeza, se desplomó frente a sus compañeros y perdió la vida en forma instantánea. Un año después se conoció que de los ocho funcionarios que accionaron armas de fuego en ese lugar, fue el gatillo del comisario del Sebin, Ramón Perdomo, el que acabó con la vida del joven de 24 años de edad. Siete funcionarios más de ese organismo están acusados por esta muerte. Todos tienen medidas cautelares menos Perdomo.
Janeth Frías, madre de Bassil, salió del Seguro de Guarenas donde iba a ser operada ese 12 de febrero de 2014. Le practicarían una histerectomía total. La intervención se suspendió. El quirófano se contaminó y la enviaron a casa.
“Mi hermana me fue a buscar y me contó que supuestamente le habían dado un tiro a Bassil en la pierna”. Janeth comentó que como no le había hecho caso, “capaz y quedaba cojo”, con problemas de movilidad. No fue si no, hasta llegar a su casa cuando vio la cara de todos.
En el Hospital Vargas, en Cotiza estaba su padre Alejandro Dacosta, junto a uno de los tíos del muchacho. Allí confirmaron la noticia a los periodistas de que Bassil Dacosta había ingresado sin signos vitales al referido centro asistencial.
Imagen de Alejandro Cegarra
Hoy, la madre de Dacosta no culpa al dirigente opositor por convocar la marcha. Destaca que la Constitución de la República consagra la libertad de expresión, la libertad de marchar y protestar.
¨Simplemente se llamó a marchar porque hay mucha necesidad en Venezuela, y no se puede ocultar el sol con un dedo, teníamos derecho a expresarnos¨, dijo.
Por otra parte, Juan Montoya quien recibió un disparo en la cara, también en La Candelaria, fue trasladado a la clínica La Arboleda en San Bernardino. “Juancho” era el coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, organización que agrupaba a más de 100 colectivos. Hermegildo Barrera Niño fue señalado de haber disparado contra Montoya. De inmediato, Barrera lo negó y culpó a los cuerpos de seguridad. Seguidamente, tomó el control de los colectivos. Días después se presentó en la Fiscalía, y quedó detenido de inmediato.
De allí en adelante, Venezuela ardió durante seis meses. La cifra de muertos se elevó a 43 y 878 lesionados. De las personas heridas 600 eran civiles y 278 de los cuerpos policiales. 33 civiles murieron productos de disparos y hasta hubo dos personas decapitadas en Caracas. 10 efectivos de los cuerpos de seguridad también perdieron la vida en lo que el gobierno denominó “Guarimbas”.
Durante este año según números del Ministerio Público, 3.351 personas fueron aprehendidas en todo el país. 1.436 fueron sobreseídas y 1.402 fueron acusadas. 6 se encuentran en archivo fiscal y 507 en proceso de investigación.
El Foro Penal Venezolano maneja otras cifras. 3.517 ciudadanos fueron arrestados, 310 de ellos menores de edad. De estos 1.978 tienen medidas cautelares, 640 tienen libertad plena, 545 fueron liberados en la presentación en tribunales y 60 continúan privados de libertad.
Información de: El Estímulo/ Imágenes de @alecegarra