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¡OCULTANDO LO EVIDENTE! INE viola la Constitución al no publicar cifras de pobreza del 2014

El primer semestre del 2015 terminó sin que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicara las cifras oficiales de pobreza correspondientes al año 2014. Los últimos datos oficiales suministrados por el ente corresponden al año 2013 y sus resultados fueron manipulados por el Presidente Nicolás Maduro en cadena nacional, al afirmar que la pobreza extrema había bajado a 5.5% cuando en realidad había aumentado a 8,8%.

En 2014 el INE informó sobre el aumento de 6,7% entre 2012 y 2013 (de 25,4% a 32,1%) en las cifras de pobreza en el país. Según la CEPAL ese incremento estuvo influenciado en un 35% por la caída del ingreso de las y los trabajadores venezolanos, ello debido a las constantes devaluaciones y a los altos índices de inflación.

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Por su parte la CEPAL informó a comienzos de 2015 que la dinámica de reducción de la desigualdad en Venezuela, registrada mediante el coeficiente GINI, indicó que entre 2008 y 2013 se registró una tendencia a más concentración del ingreso total del país por parte del sector más rico de la población.

Meses han transcurrido de 2015 y no sólo nos preocupan los importantes retrocesos en materia de lucha contra la pobreza registrados en 2013, también nos preocupa la ausencia de información por parte del ente oficial.

De acuerdo a los Principios Rectores sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas mediante la resolución 21/11, aprobada en septiembre de 2012, los Estados están llamados a crear un entorno propicio que facilite y promueva la capacidad de las personas, las organizaciones de base comunitaria, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales de combatir la pobreza y empoderar a las personas afectadas por ella para que reivindiquen sus derechos. Ello incluye poder contar con la información oficial sobre los avances, estancamientos y retrocesos en materia de lucha contra la pobreza, con el objetivo de poder generar consensos sobre la forma de aplicar las normas de derechos humanos en los esfuerzos por combatir la pobreza.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado venezolano en 2009  “garantizar el derecho efectivo de acceso a la información en poder del Estado con el fin de promover la transparencia de la gestión pública y afianzar la democracia”.

Provea ha alertado en reiteradas oportunidades sobre los diferentes obstáculos para acceder a la información pública, lo cual dificulta el derecho constitucional a la contraloría social establecido en el artículo 62 de nuestra Carta Magna, favoreciendo la ausencia de transparencia en la gestión pública.

Mientras más posibilidades se brinden para que los ciudadanos y las organizaciones sociales accedan a la información pública, más oportunidades tendrán estos de proponer y exigir políticas y medidas para elevar la eficacia de la acción del Estado. Si se obstaculiza el acceso a la información oficial, se niega a los ciudadanos el derecho a la contraloría social y se cierra la posibilidad de promover consensos para avanzar en la solución de los graves problemas que atraviesa el país, como el alarmante aumento de los niveles de pobreza y los importantes retrocesos en materia de derechos sociales.

Nota de Prensa Provea / Derechos.org

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