No hay dinero para el bono alimentario y médico de los pensionados, pero para comprar armamento y costear giras de funcionarios si hay plata. El Gobierno que se autodenomina defensor de los más pobres les da una bofetada a los adultos mayores al no aprobar el beneficio.
Este fin de semana venció el plazo para que el Ejecutivo decida sobre la Ley de Bono de Alimentación y Medicación para Jubilados y Pensionados, sancionada el pasado 31 de marzo por la Asamblea Nacional (AN).
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Hasta ahora no ha habido pronunciamiento por parte del presidente Nicolás Maduro ni se ha publicado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) algún recurso en contra del instrumento legal.
El Ejecutivo tiene entre sus atribuciones varias opciones para decidir sobre una norma legal con iniciativa del Legislativo; puede hacer observaciones o recomendaciones en el lapso de 10 días, promulgarla y enviarla a la Gaceta Oficial para su publicación o remitirla al TSJ para que decida sobre la constitucionalidad de la ley.
Varios funcionarios y diputados del oficialismo han señalado la imposibilidad de aprobar el instrumento legal debido a la caída de los ingresos del país, reseñó El Mundo.
Han dicho que el beneficio representaría un alto costo para las finanzas públicas. “Con el precio del petróleo no es posible darlo”, dijo el presidente Nicolás Maduro recién sancionado el instrumento.