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¡POLICÍA POLÍTICA! SEBIN: El brazo opresor del Gobierno contra manifestantes en Venezuela

Una llamada es recibida por una dirigente estudiantil desde un teléfono desconocido a través del cual le dicen, como prueba de que está bien vigilada, cuál es el menú que acaba de ordenar; un activista de un partido es perseguido en la autopista, interceptado en el estacionamiento de su edificio y requisado por dos hombres que le advierten: “Sabemos quién eres y qué haces”; un periodista independiente es interrogado por tres individuos que le obligan a mantener la cabeza entre las piernas mientras le dan un paseo en una camioneta por puntos desconocidos de la ciudad; unos jóvenes son encerrados en una celda muy pequeña iluminada por un bombillo que no les permite adivinar si es de tarde, mañana o noche; unos universitarios, alojados en un hotel, son sorprendidos por golpes en la puerta de la habitación y por gritos desde afuera con una orden: “¡Abran! ¡Es el Sebin!”.

Interrogatorios que no constan en actas judiciales; operaciones de intimidación y hostigamiento; construcción de pruebas para la justicia penal con informantes anónimos –denominados “patriotas cooperantes”–; detenciones sin órdenes judiciales; y reclusiones en condiciones precarias.

sebin

 

La enumeración recoge apenas una parte de las denuncias más frecuentes de los manifestantes, activistas, dirigentes y abogados que han visto de cerca el rostro más oscuro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en los últimos 100 días, una faceta que tuvo su peor revelación el pasado 12 de febrero cuando funcionarios del organismo fueron grabados mientras disparaban contra manifestantes desarmados en los sucesos que causaron las 2 primeras de las 45 muertes que han enlutado al país desde la marcha por el Día de la Juventud. El episodio, según el presidente Nicolás Maduro, ocurrió por la desobediencia a las órdenes de acuartelamiento. Después de la detención de 8 involucrados en los hechos no han seguido anuncios sobre si se investiga a algún autor intelectual.

El Sebin ha sido uno de los brazos usados por el gobierno para neutralizar, en una carrera contrarreloj, la ola de protestas que tomó las calles venezolanas en forma de bloqueos de vías, marchas, asambleas, concentraciones y campamentos. Más allá del alegato sobre el incumplimiento de instrucciones el 12-F, nadie ha respondido las acusaciones presentadas contra la institución, que desde diciembre de 2012 fue adscrita a la Vicepresidencia de la República, ocupada entonces por Maduro y hoy por Jorge Arreaza, a quien se le solicitó una entrevista, sin éxito, para el presente trabajo. Exfuncionarios y analistas consultados coincidieron en que las manifestaciones desbordaron la capacidad de la organización para generar inteligencia de manera oportuna y fidedigna, lo que debería ser su foco. “Están actuando de manera reactiva más que preventiva y eso es señal de que no recogen ni procesan apropiadamente información para anticiparse a las hechos y tomar decisiones”, dice un comisario retirado. En el punto coincide un colega jubilado de la misma jerarquía.

La institución, en cambio, ha intensificado las acciones de vigilancia, amedrentamiento y de apoyo a los órganos represivos -sostienen los consultados-, lo que ha dejado a muchos opositores la sensación de que viven en un Estado policial. “La función de control de orden público se ha solapado con la de inteligencia”, afirma Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. Hay coincidencia, además, en que al Sebin no lo emplean como un órgano al servicio del Estado, sino para la supervivencia de la llamada revolución bolivariana. Un retrato a partir de los testimonios de quienes han sido objetivos de esas operaciones del organismo revela qué le pasa a un gato cuando, de pronto, debe perseguir cientos de ratones.

Sin orden, sin formato.

José Aguilar, Leandro Flores, Willander Peñaloza, Manuel Quiroz, Jesús Ibarra y Carol Monasterios fueron detenidos bajo engaño por funcionarios del Sebin que nunca le presentaron una orden de aprehensión. Todos son universitarios tachirenses que viajaron a Caracas a una reunión nacional del movimiento estudiantil y se alojaron en el hotel Savoy, en Sabana Grande. Los invitaron al Helicoide a rendir una declaración escrita y allí les informaron que quedarían detenidos. Permanecieron en el lugar 66 horas: 18 más que el tiempo legal para presentar a un ciudadano ante un tribunal.

“Esto es un procedimiento de investigación”, fue la explicación que le dijeron a los universitarios cuando los abordaron en sus habitaciones el viernes 5 de marzo. Ninguno se opuso a la requisa minuciosa que incluyó closets, gavetas, baños, camas, espejos, muebles, bolsos y teléfonos celulares, los cuales fueron incautados para la revisión de fotos, mensajes y llamadas. Fueron interrogados individualmente. “¿Qué hacen ustedes en Caracas? ¿Quién es su líder? ¿Ustedes son los guarimberos que tienen loco al gobernador del Táchira (José Gregorio Vielma Mora)?”. Por separado les lanzaban anzuelos: “Nos decían: ‘Confiesa todo, que te acaban de delatar”, recuerdan Aguilar y Flores.

Al cabo de casi cuatro horas llegó una confesión, pero de los agentes. El comisario Carlos Calderón, una de las cabezas del organismo, se presentó en el sitio: “Nos dijo que no había delito, pero que necesitaba una declaración escrita y así nos llevaron”. Permanecieron incomunicados hasta que el diputado Miguel Pizarro accedió al Helicoide y les prestó su teléfono celular. Los cinco hombres del grupo fueron encerrados en una diminuta celda, sin iluminación natural y con una colchoneta sucia. Los acompañaban dos acusados de narcotráfico, dos supuestos paramilitares y dos presuntos agresores del actor y dirigente Winston Vallenilla. Una fiscal los acusó de rebelión, agavillamiento y asociación para delinquir, pero el tribunal les dio finalmente la libertad plena. El día de su detención, sin embargo, Maduro habló de la captura de un grupo de desestabilizadores colombianos. Hasta la fecha, hay 35 estudiantes apresados en el Helicoide, sede del Sebin, según información de Gaby Arellano, dirigente de la Universidad de los Andes y del partido Voluntad Popular.

Enfriamiento y seguimiento.

Un periodista independiente, cuyo nombre se mantiene en reserva, vivió en carne propia un interrogatorio atemorizante que no quedó asentado en expediente alguno. Salía de su casa, a plena luz del día, cuando un hombre parado al lado de una camioneta negra lo llamó con cordialidad. “¿No te acuerdas de mí, vale? Ven, que tengo que decirte algo”. Al acercarse, el desconocido se identificó como miembro del Sebin y le comunicó sobre una supuesta averiguación por delitos informáticos. Primero le pidió que le acompañara a responder unas preguntas, pero luego le obligó a subir al vehículo.

Fue entonces cuando comenzó un largo paseo en el que lo obligaron a mantener la cabeza entre las piernas mientras le formulaban las preguntas: “¿Por qué te la pasas en las protestas? ¿Por qué cuelgas esas fotos en las redes sociales? ¿Quiénes son los financistas de las guarimbas?”. Un momento será inolvidable: el vehículo se detuvo y pasó media hora sin que le preguntaran algo: “Pensé en muchas cosas”. La característica del procedimiento hace pensar en el propósito a los comisarios consultados: “Son acciones encubiertas para ‘enfriar’ a personas que por alguna razón son molestas. Son ilegales, aunque organismos de inteligencia las ejecutan más para contención que para procesar información”.

Blancos de vigilancia.

El seguimiento de líderes del movimiento estudiantil se aplica de manera permanente. Universitarios y políticos llaman “zamuros” a los funcionarios que los vigilan. “Ocurre a diario y a todas partes que voy. En una ocasión me senté en una pollera a comer. Al rato sonó el celular y escuché a alguien que me dijo: ‘¿Cómo está el pollo? Que te caiga bien. Estamos afuera”, relata Gaby Arellano, cuya casa en Mérida fue vigilada y allanada. José Patete, secretario general de Estudiantes de Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) en Anzoátegui, denunció estas prácticas como una forma de hostigamiento. El uso de vehículos sin placas alrededor de domicilios, centros de trabajo y otros puntos ha sido reportado.

El Sebin ha desplegado una estrecha vigilancia a los cuadros de Voluntad Popular, considerado un movimiento involucrado en un golpe de Estado contra Maduro. Freddy Guevara, uno de los directores nacionales del partido, calcula que más de un centenar de compañeros han sido hostigados por el organismo de inteligencia y otras instituciones de seguridad. “Una noche me persiguieron hasta el estacionamiento de mi casa y me llamaron por mi nombre. Fue como una amenaza”, cuenta un activista del interior. El 17 de febrero, cuando aún Leopoldo López, líder del grupo, no se había entregado a la justicia, un violento procedimiento de allanamiento fue realizado por desconocidos a la sede de este partido y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Muchos le atribuyeron esta acción al Sebin.

Cifras:

8 funcionarios del Sebin fueron puestos a las órdenes de las autoridades por su participación en los sucesos del 12 de febrero en Caracas

66 horas pasaron detenidos estudiantes tachirenses en el Helicoide en Caracas en marzo. Se sobrepasó el límite legal para presentarlos ante tribunales

3 directores ha tenido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en un plazo de un semestre: Miguel Rodríguez Torres, Manuel Bernal Martínez y Gustavo González López

Fuente: El Nacional.

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