El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, A.C. CEDICE Libertad (Cedice Libertad) publicó el estudio “De Agroisleña a Agropatria, una ruta de caminos verdes” sobre el resultado de la confiscación que sufriera la empresa privada Agroisleña para convertirla en la estatal Agropatria.
Según reseña de la investigación de este caso por parte de CEDICE, Agroisleña fue expropiada el 3 de octubre de 2010, según decreto presidencial 7.700, publicado en la Gaceta Oficial 39.523. El Estado justificó la “adquisición forzosa” de la compañía que tenía 52 años de labores ininterrumpida, con el propósito de garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la nación.
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El gobierno acusó a Agroisleña de vender insumos con sobreprecios de hasta 250%, “a pesar que el Estado venezolano invertía ingentes sumas de dinero en el subsidio”.
La medida fue repudiada por los productores, gremios afectados y los 1.200 empleados que contenía la nómina de la empresa a nivel nacional, quienes levantaron su voz de protesta, afirmaron que se trataba de “la medida más dura” tomada por el gobierno contra el sector.
El papel de Agroisleña con los productores
“Era un verdadero banco de financiamiento a los productores primarios”, entregaba los insecticidas, herbicidas y demás insumos que requerían para la cosecha a crédito, y otorgaba entre 60 y 120 días para cancelarlos. Culminado el lapso, los productores podían saldar el préstamo con cosecha, que después Agroisleña procesaba en sus silos y vendían a la agroindustria.
Cuando un productor perdía el cultivo y no tenían como cancelar el crédito, la empresa daba refinanciamiento, cuando podían cancelar la deuda, con frecuencia, Agroisleña le exoneraba los intereses de mora del primer préstamo.
Ofrecía tecnología: sistemas de riego, sembradoras, abonadoras, equipos e fumigación, entre otras herramientas indispensables en el campo; equipos que los productores pagaban con cosecha. Agroisleña no recibía dinero por este servicio.
Brindaba un trato personalizado a los clientes, enviaba técnicos a las tierras a evaluar su estado, asesorar y determinar con exactitud los insumos requeridos.
En octubre de 2010, Agroisleña había apoyado a 18.000 productores con fertilizantes, herbicidas, semillas, maquinarias, asesoramiento técnico; y además llevaba a cabo un plan de financiamiento a 3.000 agricultores que estaban cosechando 800.000 toneladas de maíz.
La confiscación: El paso de Agroisleña a Agropatria
En la actualidad los números de Agropatria son alarmantes. Con Agropatria, los cargos más importantes pasan a ser ocupados por militares y/o adeptos al gobierno, ajenos al sector agrícola. Para optar a un crédito se impone una nueva barrera sociopolítica, la aprobación previa del consejo comunal, la cual se constituye en fuente de corrupción y contrabando.
Las 108 tiendas de Agropatria muestran un extremo desabastecimiento. El aporte que hacía Agroisleña a la industria era importante.100% del consumo de maíz de la industria, alrededor de 1.450.000 toneladas métricas de maíz blanco, 50% del requerimiento arroz y sorgo.
Los agricultores de papa confrontan falta de suministro de semillas lo cual provocó una subida de precios en tres meses de 700%. Las importaciones crecen. Agropatria solo atiende a las empresas vinculadas con el gobierno.
La nómina ha sufrido un incremento desproporcionado, en sedes donde había 9 trabajadores, ahora hay más de 30, carentes de capacitación. Los programas de capacitación y formación de los trabajadores cesaron al igual que el suministro objetivo y oportuno de servicios a los productores independientemente de su posición política.
Esta investigación ha sido realizada por CEDICE Libertad, una organización que divulga, promueve, defiende y propicia el debate y reflexión a nivel nacional sobre la importancia de los derechos de propiedad como un derecho humano irrenunciable para los ciudadanos y de crucial relevancia para su calidad de vida y el logro de su bienestar.