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¡RÉGIMEN CONTRA LA PARED! Se agudizan las presiones legales por litigios contra Venezuela

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) tiene más de 30 casos abiertos relacionados con activos expropiados en Venezuela. El año pasado cerró tres y determinó que el país debe pagar a las empresas involucradas alrededor de $3.200 millones. 

Sin embargo, el gobierno ha encontrado estrategias para dilatar la cancelación de los compromisos y las presiones legales aumentan, advierte la firma de inversión Barclays.

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En un informe divulgado este martes, los analistas de Barclays destacan entre las sentencias emitidas por el Ciadi en 2014 –que benefician a las empresas Exxon, Gold Reserve y Owens Illinois- el caso de Gold Reserve, que decidió llevar el reclamo un paso más allá, publica el portal El Interés.

“El resultado final de esta disputa puede tener implicaciones importantes, no solo debido a la presión adicional que puede imponer sobre el apretado flujo de caja de Venezuela, sino también dada la definición de un evento de default que, al menos, tienen los bonos Venz 2022″, señala la firma.

De acuerdo con esto, si Venezuela no cumple con la orden final -sin posibilidad de apelación- de una corte con jurisdicción competente a los 30 días de emitida, se considera un evento de default. “Aunque esto añade riesgos a la situación ya vulnerable de Venezuela, todavía puede tomar algo de tiempo antes de que haya un resultado definitivo en este caso”, indica el reporte.

La pregunta clave, para la firma, es que si se llega a un juicio definitivo y, si no es así, cuándo podría venir. Supuestamente, Venezuela todavía tiene la posibilidad de apelar o solicitar la anulación de la sentencia, lo cual es similar a lo que está haciendo con el caso de Exxon. Si en un punto, la corte estadounidense confirma el fallo, podría realizarse un juicio definitivo y comienza el conteo regresivo para que Venezuela pague o accione la posibilidad de default.

Barclays se anticipa al decir que, después de este punto, los tenedores de más de 25% de los bonos Venz 2022 pueden declarar los papeles “vencidos y exigibles”. Si el país no paga, 50% de los inversionistas en estos títulos pueden declarar un default. Esto, aclara, no afecta a los bonos de PDVSA, solo los de la República.

La firma concluye que incluso si Venezuela eventualmente debe compensar a las compañías afectadas por la nacionalización de sus activos, todavía existen alternativas que le permiten, al menos, comprar tiempo.

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