Joselit Ramírez, el Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), forma parte del grupo de 14 funcionarios solicitados en Estados Unidos por formar parte del Cartel de los Soles-FARC y efectuar la movilización física y de lavado de activos provenientes de la venta de cocaína.
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En un principio, Ramírez fue relacionado con la coordinación y gestión de vuelos privados durante a campaña presidencial de Maduro en 2018, para evadir las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, pero también pende sobre él la acusación del uso de criptomonedas para ocultar ganancias de transacciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo con Primer Informe, en febrero de este año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, reveló la existencia de un Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP), desarrollado por el Centro de Contrabando de dinero en Efectivo del ICE (BCSC).
Un documento señaló: «El BCSC ha desarrollado un Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP) que identifica los negocios de servicios monetarios sin licencia en la forma de uso por parte de los corredores de criptomonedas independientes de sitios entre pares (P2P), foros en línea y anuncios clasificados, y mercados de la darknet (DNM) para participar en la actividad de negocios de servicios monetarios sin licencia (MSB)».
Asimismo, documentos judiciales señalan que Ramírez ordenó a una persona estadounidense que abriera una cuenta bancaria en Estambul, Turquía, la cual serviría en un plan para lavar el producto de la actividad del narcotráfico y evadir las sanciones de la OFAC.
Alysa Erichs, Directora Ejecutiva Asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, explicó: «El alcance global y el compromiso de este programa para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de EE.UU, explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita. Que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera funcionarios políticos poderosos».
Redacción Maduradas con información de Primer Informe
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