El reciente asalto militar al Fuerte Paramacay, en la 41 Brigada Blindada del Ejército, aumentó la lista de oficiales activos y retirados objeto de investigaciones.
Foto: La Razón
Las acusaciones sobre golpes de Estado contra el presidente Nicolás Maduro han arreciado desde 2015 cuando se develaron la Operación Jericó y el Golpe Azul. Por estos casos, considerados como parte de un mismo plan, han sido condenados 14 militares.
La defensa de los acusados ha denunciado la realización de procesos penales amañados con pruebas fabricadas como signos de retaliación.
“En la Operación Jericó y en el Golpe Azul los procesos fueron llevados por un Consejo de Guerra Accidental que solo es para juicios en tiempos de conflicto. Esto fue señalado ante la Corte Marcial que ignoró los argumentos”, dijo Alonso Medina Roa, defensor del capitán retirado Juan Carlos Nieto Quintero.
En ese sentido, agregó que «no se presentaron pruebas que demostraran los hechos y ninguno de los testigos admitió haber recibido órdenes precisas para rebelarse. Al capitán Nieto Quintero lo acusaron por haberse comunicado con su hermano, un capitán retirado, con fines conspirativos y lo condenaron por una supuesta llamada al capitán Juan Caguaripano Scott que jamás se demostró”, expresó Medina Roa.
Caguaripano fue detenido el 11 de agosto junto con el primer teniente Yefferson García Dos Ramos, quien formaba parte de la custodia de la unidad militar. Por este caso hay 18 detenidos entre civiles y militares.
El caso del general Raúl Isaías Baduel, se considera es la barajita repetida desde Chávez hasta Maduro. «Nunca han dejado de inculparlo por las conspiraciones (…) No hubo pruebas de reuniones conspirativas, menos cuando en marzo cumpliría su condena de 7 años y 11 meses”, dijo el abogado Omar Mora.
Añadió que con Baduel se ha seguido el patrón de la desaparición forzada: en enero durante 20 días no se supo de él y desde el 8 de agosto se desconoce su paradero.
La investigación contra Baduel fue la primera misión del Comando Antigolpe creado a principios de 2017: en la investigación del Tribunal Militar Primero de Control de Caracas hay 9 militares detenidos y uno es juzgado en libertad: 2 generales, 1 teniente coronel y 7 sargentos. En el grupo figura el general retirado Ramón Lozada Saavedra, exdirector de personal de la FANB.
Su abogada, Yasnaia Villalobos, expresó: “La forma como se ha conducido el proceso es el derecho penal del enemigo. Se utiliza la estructura del Estado para perseguir de manera insoslayable a las personas que resultan incómodas”.
Ninguno de los militares ha sido imputado y la audiencia preliminar lleva 5 diferimientos. Villalobos sostuvo que se ha declarado la reserva del expediente en varias ocasiones, lo que traba el acceso a las actas, y están prohibidas las reuniones, en privado, de la defensa con el general Lozada Saavedra en la Dgcim.
“Las pruebas han sido absolutamente frágiles e inconsistentes desde el punto de vista técnico y fueron obtenidas ilícitamente. Esto puede considerarse ilegítimo y con visos de nulidad absoluta. No se pueden dar detalles por la reserva del caso, pero el general Lozada solo fue implicado por su amistad con Baduel”, dijo la abogada.
Redacción Maduradas con información de El Nacional
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