Aunque la policía judicial logró la identificación de los autores, coautores y cómplices de los homicidios más sonados del año que terminó, en tres casos no se tomaron las medidas necesarias y urgentes para la detención efectiva de los autores materiales. Junto con la impunidad, en los casos Spear, Urquiola, Otaiza, Serra y cinco miembros de colectivos hubo discursos que entorpecieron y politizaron las averiguaciones.
Una Miss ultimada por hampones de autopista
Por lo menos año y medio tenía operando en el sector El Cambur, en la autopista Puerto Cabello-Valencia, la banda que el 6 de enero mató a tiros a la actriz internacional Mónica Spear y a su esposo Thomas Henry Berry, e hirió también a la hija de este matrimonio. El modo de proceder de los delincuentes era generalmente el mismo: durante las noches colocaban objetos en un sector oscuro de la vía para ocasionar destrozos en los vehículos que transitan por allí, que los obligaban a detenerse. Posteriormente despojaban a las víctimas de sus pertenencias.
En el caso de Spear y Berry, cuando los hampones finalmente salieron del monte encontraron que el carro en el que se desplazaba la familia Berry Spear estaba ya sobre una grúa de plataforma. Las pesquisas determinaron que Gerardo Contreras Álvarez, alias el Gato, de 18 años de edad, fue quien accionó el arma homicida contra el matrimonio. Aún está prófugo. Otras 10 personas cómplices de Contreras, así como coautores y aprovechadores de los objetos robados fueron detenidos.
La actriz vivía en Miami, pero viajó a Venezuela para pasar las festividades navideñas con su familia. También aprovecharía para hacer un documental sobre la violencia del país. Su muerte fue uno de los detonantes de las manifestaciones de febrero.
En medio de la conmoción nacional por este hecho, el presidente Nicolás Maduro afirmó que el crimen parecía obra de sicarios. Las pesquisas demostraron su equivocación.
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Gatillo alegre con chapa oficial
El homicida de Adriana Urquiola, traductora de señas de Venevisión, ha demostrado su capacidad para adelantarse a los cuerpos policiales. Se trata de Yonny Bolívar Jiménez, un hombre de 37 años de edad con antecedentes por estafa, tráfico de drogas, usurpación de identidad y secuestro. En su vivienda, en la urbanización El Picacho en San Antonio de los Altos, funcionarios del Cicpc hallaron una credencial de comisionado de la PNB. Igualmente exhibía chapas, de dudosa procedencia, de otros organismos oficiales.
El 23 de marzo en la noche Bolívar disparó contra un grupo de manifestantes que bloqueaba la Panamericana frente a la urbanización Los Nuevos Teques. Un proyectil rebotó en un poste e hirió mortalmente a Urquiola, que no formaba parte de la protesta y tenía seis meses de embarazo. También hirió en un brazo a otra mujer.
El gobierno emitió una orden de captura internacional contra Bolívar. No obstante, fuentes policiales creen que lo más probable es que siga en el país.
Un teniente coronel, víctima de jóvenes del hampa común
Dos de los ocho hombres implicados hasta ahora en el homicidio del teniente coronel del Ejército y presidente del Concejo de Libertador, Eliécer Otaiza, son menores de edad. El mayor de los restantes tiene 22 años. Uno de los menores ya fue condenado a 4 años y medio de prisión. Estará en libertad antes de cumplir los 18 años de edad. Nueve miembros de la banda continúan en libertad.
El cadáver del oficial fue hallado el 26 de abril en un barranco usado como basurero en Turgua. Inicialmente hubo problemas para identificarlo pues no tenía documentos. El presidente y otros voceros oficialistas aseguraron que fue víctima de una conspiración urdida en el exterior. Los hechos demostraron que el hombre fue ultimado por una banda de La Palomera, pues se opuso a que le robaran su vehículo y demás pertenencias.
Otaiza era un importante exponente del oficialismo. Participó en la Constituyente y presidió el Inces, entre otros cargos. Su sepelio se llevó a cabo con honores.
Un diputado apuñalado “por paramilitares”
El 1° de octubre a las 9:30 pm, el diputado Robert Serra y su asistente María Herrera fueron asesinados a puñaladas en el interior de la vivienda del parlamentario ubicada en La Pastora. Versiones extraoficiales indican que los homicidas de Serra habrían robado dinero en efectivo y dos fusiles, pero el gobierno, en vocería del presidente Nicolás Maduro que mostró videos de los delincuentes entrando a la casa, señaló que se trató de una muerte por encargo, planificada por supuestos paramilitares colombianos. El padre del parlamentario, también llamado Robert Serra, confía en la información oficial. “No puedo emitir juicio de valor porque no sé qué fue lo que pasó allí. De lo único que me percaté es los delincuentes se llevaron un CPU y dos monitores que pensaron que eran los que suministraban información de las cámaras de seguridad. La investigación que adelanta el Sebin aún está muy fresca. El caso no está cerrado porque falta la extradición de Leiver Padilla, alias El Colombia”. Por el doble crimen hay 11 personas detenidas, entre ellas, el jefe de escoltas del diputado, Edwin Torres. Padilla, autor material del crimen, fue capturado un mes después del crimen en Colombia.
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Cinco muertos en Manfredir
El 7 de octubre un amplio despliegue policial en Quinta Crespo, con sobrevuelo en helicóptero incluido, fue el antecedente a la muerte de cinco miembros de colectivos. La versión indica que en el allanamiento que practicaron funcionarios del Cicpc ese día en el edificio Manfredir para investigar el crimen de una mujer, algunos funcionarios fueron detenidos como rehenes. Los familiares de los caídos aseguran que los policías los mataron sin ninguna explicación en dos incursiones durante el mismo día. Primero mataron a Carmelo González, líder del Escudo de la Revolución. Luego fueron asesinados José Odreman, líder del colectivo 5 de Marzo, y Maikol Contreras, miembro del mismo grupo, y José Ángel Tovar y Jesús Rodríguez de la agrupación de González.
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Carmelo González, padre de una de las víctimas, aseguró que mantienen contacto con el fiscal 39, Juan Barradas, quien lleva el caso. “Hay muestras de que se trató de una masacre. Los CICPC se llevaron cámaras de seguridad y objetos de valor de algunos apartamentos”, dijo. Se ordenó la captura de 7 funcionarios, pero ninguno está preso. Una semana después del crimen fue sacado del cargo Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior.
Cuatro planes y dos ministros en un año
2014 arrancó con una movilización del gobierno en torno al tema de la seguridad. El ministro Miguel Rodríguez Torres inició en enero una gira por todos los estados del país para acordar planes con gobernadores y alcaldes. Durante el año pasado se relanzó el plan Patria Segura y se anunciaron los planes de Pacificación, Patrullaje Inteligente y Entrega Voluntaria de Armas. En octubre el reclamo de los colectivos por la muerte de cinco miembros durante un procedimiento del Cicpc precipitó la salida del 13° ministro de la cartera de Interior en 15 años, quien fue sustituido por la ex ministra de Defensa, Carmen Meléndez. Aun así la cifra de homicidios cerró en 24.980 homicidios, de acuerdo con datos y proyecciones del Observatorio Venezolano de la Violencia. Las muertes violentas en la capital tuvieron una reducción, pero no bajaron el piso de los 5.000 fallecimientos.