La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se refirió a las pruebas presentadas este miércoles por el Alto Mando Político del Gobierno nacional que demuestran un supuesto magnicidio orquestado desde la derecha venezolana. Señaló que «era necesario mostrar las pruebas» pues considera que atentaba contra la estabilidad del país y la vida del presidente Nicolás Maduro. El Ministerio Público abrió una investigación penal y le fue solicitado al juez de la causa la interceptación o grabación de comunicaciones privadas de las personas implicadas en el referido caso. Ante la denuncia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) autorizó interceptar las comunicaciones de los ciudadanos.
«No podemos pasar inadvertidos un hecho que atente contra la estabilidad y paz del país (…) no fue el MP quien tuvo acceso de primera mano a esos elementos, pero en este caso, son diligencias que se practicaron a través del cual se obtuvo elementos que pudiesen constituir fundamentos que dirige la institución», reseñó el portal de El Impulso.
“El artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal establece que no se pueden considerar como pruebas, todo aquello que sea obtenido de forma ilícita sin embargo estas comunicaciones están consideradas como un problema para el Estado y no podemos pasar inadvertidos ante un hecho que puede afectar la estabilidad y la paz del país”, indicó la fiscal, de acuerdo al portal de Yoyopress.
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