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¡ASÍ DE INSÓLITO! Gobierno había liberado a Yonny Bolívar “para descongestionar” la cárcel

Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, de 37 años de edad, quien presuntamente le quitó la vida a Adriana Urquiola, de 28 años de edad, el año pasado, había sido sentenciado en 2003 a 22 años y 25 días de presidio, pero había logrado su libertad en una de las fases de la Operación Cayapa puesta en práctica por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que consiste en “agilizar los procesos judiciales para descongestionar las cárceles”.

Según la periodisa Yenny Oropeza, un año después de la muerte de Urquiola, en febrero de 2015, es cuando la Fiscalía “verifica oficialmente que Bolívar, no estaba cumpliendo su condena en Tocuyito, como debería y es así como el tribunal que lleva la causa se entera oficialmente”.

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Luego de esto, es cuando llaman al director de Tocuyito, quien dice que “necesita unos días”.

“Es por ello que en el estado Lara debe iniciarse otra causa nueva por quebrantamiento de condena, un delito previsto en el Copp que se debería acumular al expediente nuevo”.

Para Oropeza, Bolívar no se fugó, ya que esto nunca fue notificado. Además, todos los beneficios se le habían sido negado, incluso el último que interpuso ante el TSJ el 21 de enero de 2014. “¿Que pasó? Simple, lo dejaron salir por la puerta grande”, dijo la periodista.

“Si se fijan en los documentos incautados en Barranquilla el día de su detención, se darán cuenta que todos fueron obtenidos en 2013, es decir pasaporte, porte de arma y credenciales de policía, todos fueron firmados y sellados ese año, pero ¿cómo es posible que obtuviera esos documentos una persona que en teoría se encontraba presa?. Es importante indicar que un detenido por homicidio y secuestro legalmente no le pueden facilitar este tipo de documentos. La ley es clara y lo prohíbe”, señala.

Bolívar ha sido nuevamente encarcelado y sobre el pesan más crímenes de los que cometió cuando fue apresado hace unos años, el Plan Cayapa volvió a surgir en enero de este 2015 y nada garantiza que el presunto homicida pague ante la justicia por los delitos que se le imputan.

Por las redes sociales circula el artículo de un periódico donde se revela el caso del cual la justicia venezolana no ha querido comentar, en cambio se han dedicado a echarle la culpa del homicidio a las protestas antigubernamentales de 2014.

Es inevitable destacar que si el Ministerio de Servicios Penitenciarios hubiera actuado correctamente, la terrible desgracia que acabó con la vida de una joven y su bebé no hubiera sucedido, como muchos otros casos que quedan impunes en Venezuela.

Vía El Venezolano / Sumarium

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