Los venezolanos con cuentas bloqueadas en la Banca Privada de Andorra, tras una medida tomada por un tribunal, ahora podrán disfrutar de su dinero libremente. Sin embargo, es mucha la incertidumbre que se vive en torno a este hecho.
Estos venezolanos fueron asistidos por Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007), quien en una conversación con Luis Pablo Laplana -que se filtró a los medios de comunicación- reveló la estrategia de la defensa a Salazar y, aparentemente a los otros clientes venezolanos: “Ahora bien -y aquí viene la pequeña trampa- el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar …de ocultar el origen del dinero”.
Así queda reflejado en las grabaciones que la Guardia Civil española, le realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado del BPA, Luis Pablo Laplana Moraes, hoy detenido y acusado de lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano.
Las grabaciones fueron autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid. Sin lugar a dudas cada país es autónomo en cuanto a su legislación y administración de justicia, aunque es importante destacar que el Tribunal Superior de Andorra está constituido por 2 jueces de Andorra, 2 de España y 2 franceses.
La sentencia del tribunal penal andorrano basa la orden de desbloquear las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales para descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes. La decisión también se fundamenta en que los jerarcas venezolanos afectados no tenían antecedentes penales.
Según la legislación internacional, convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, y otras herramientas legislativas, es posible conocer el camino del dinero obtenido ilícitamente.
Se puede obtener la recopilación probatoria, asientos contables, registros electrónicos, allanamientos, mecanismos utilizados a nivel nacional e internacional, bancos, seguros, registros públicos y aduanas.
Todos estos venezolanos involucrados en presunto lavado de dinero están siendo registrados como clientes de alto riesgo internacionalmente y tendrán que pagar altas comisiones para mantener sus cuentas. Siempre existirán paraísos fiscales e intermediarios capaces de vender a su madre por un plato de lentejas, pero cada vez les costará más dinero.
La trayectoria del dinero es imborrable. Por más que un asesor experto en estas áreas delictivas le prometa a un corrupto o blanqueador de dinero que puede ocultar las ganancias y hacerlas imperceptibles en el mundo financiero, y que puede convertirlo en una especie de David Copperfield de la corrupción, eso no es posible
En Venezuela tenemos una luz que no deja de alumbrar. El artículo 271 de la Constitución dice: “Los delitos contra el patrimonio público no prescriben”.
Con información de Runrun.es.