Debido a las investigaciones sobre el homicidio del diputado Robert Serra (Psuv) y su asistente, María Herrera, ocurrido el pasado 1° de octubre, fueron detenidos todos los usuarios de la red social Twitter “que anunciaron” que el legislador sería asesinado. Así comenzó la cacería de brujas del régimen de Maduro a usuarios críticos en Twitter.
“Tenemos a todos los tuiteros del terror presos, todos confesando por qué lo hicieron”, expresó el mandatario; quien confirmó la captura de la propietaria de la cuenta @hiipolita (la misma era manejada por Lessy Marcano y Ginette Hernández), una supuesta vidente que predijo que la Asamblea Nacional estaría de luto.
Ayer, por decisión del Tribunal 33 de Control ambas mujeres fueron privadas de libertad imputadas por los delitos de difusión de falsa información, agavillamiento y oferta engañosa.
El 4 de septiembre se leía en su cuenta: “La Asamblea Nacional estará de LUTO!”.
Otro usuario detenido fue Víctor Andrés Ugas Azócar (26), por difundir el 10 de octubre en la red varias imágenes del cadáver del diputado en la morgue.
El Ministerio Público presentó al joven ante el Tribunal 39° de Control del Área Metropolitana de Caracas y se le dictó privativa de libertad, fijándosele como sitio de reclusión la sede del Sebin.
Se le imputaron los delitos de revelación indebida de data o información de carácter personal y espionaje informático.
Otros cuatro tuiteros también habrían sido detenidos a mediados de esta semana.
Desde el pasado 8 de octubre, Inés Margarita González Árraga (@inesitaterrible) permanece en una celda del Sebin por órdenes del Juzgado 13 de Control en el Zulia.
Meten presos tuiteros.Cuál es el hostigamiento?92% asesinatos son impunes pero para enchufados es más importante una red social
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) October 18, 2014
Para la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, “las detenciones de tuiteros en Venezuela podrían inscribirse en prácticas de ciberespionaje masivo por parte del gobierno de Maduro”.
Órdenes de captura
El jefe de Estado aseveró además que las investigaciones del caso “van viento en popa” y que otras cuatro personas que participaron en el doble crimen -por el que habrían cancelado $500 mil- habrían sido detenidas (sumando así siete en total).
De su lado, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público libró órdenes de captura contra siete individuos por su presunta vinculación con el asesinato. Detalló que dos de los involucrados tienen alerta roja en Interpol (Policía Internacional), así reseño el diario El Tiempo.