De acuerdo al artículo número 43 de la Constitución, el Estado es el encargado de proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma, es decir, en caso de que algo le suceda a Leopoldo López, Daniel Ceballos y del resto de los llamados presos políticos, especialmente ahora que se encuentran en huelga de hambre, el Estado sería el responsable.
El abogado Rafael Narváez mostró su preocupación por los dirigentes opositores y estudiantes que decidieron iniciar dicha acción al tiempo en que manifestó, que si no se garantiza la vida de Ceballos, quien ha venido padeciendo graves afecciones, “se pudiera estar en presencia de un segundo homicidio culposo, tal como sucedió con Franklin Brito”.
“El Estado está en la obligación de velar por la vida de esos ciudadanos que están en huelga de hambre, de brindarle atención médica a tiempo y garantizarle las condiciones idóneas para que no se deteriore su vida. En el caso de Daniel Ceballos, el Estado prácticamente ha permitido el deterioro de su vida en los últimos 13 días, porque está tirado en una colchoneta, no le permiten ni tomar agua potable, eso es una vulneración a sus derechos”, aseveró.
El también defensor de los derechos humanos, aseguró que lo que ocurre con Ceballos “es una muestra de tortura psicológica, de vejación hacia el ser humano, es una cara que demuestra que el Estado desprecia la vida, la dignidad de la persona, la disidencia política, porque lo tiran allí en esa cárcel sabiendo que fue una mandatario municipal, que no es un terrorista, ni un delincuente común”.
Igualmente, Narváez lamentó que hasta el momento la Cruz Roja Venezolana no se ha pronunciado en torno al caso, “es cierto que hay que cumplir un protocolo; sin embargo, se podría invocar el servicio humanitario cuando hay muchos venezolanos en huelga de hambre. Es una facultad, es un derecho que tiene que asumir”.
Con información de Última Hora Digital.