La Organización de Naciones Unidas le ha dado un año al Defensor para probar que es independiente del Gobierno. Subcomité de Acreditación del Comité de Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos recomienda degradar al despacho dirigido por Tarek William Saab y quitarle su derecho a voz y voto en las instancias internacionales.
El silencio ante el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ante las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra dirigentes sindicales, frente a los juicios a civiles en tribunales militares y las detenciones de Leopoldo López y otros dirigentes opositores son para Naciones Unidas evidencias de que la Defensoría del Pueblo es un apéndice del Gobierno.
La afirmación la hizo el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones de Derechos Humanos, instancia que recomendó, en un informe aprobado en marzo pasado y difundido hoy, quitarle al despacho dirigido por Tarek William Saab la nota «A» de la que venía disfrutando, por considerar tanto su acción como omisión «repercute en la imparcialidad e independencia» de ese organismo y, por ende, «ha visto comprometida» su misión de «promoción y protección de los Derechos Humanos».
Sin embargo, la instancia evaluadora rechazó degradar a la Defensoría de manera inmediata y le dio hasta 2016 para «demostrar» que «es independiente y está preparada para hablar alto y claro en relación con las principales cuestiones de Derechos Humanos en Venezuela».
Asimismo alentó a Saab para que se pronuncie «de un modo equilibrado, sin prejuicios, objetivo e imparcial para demostrar que la Defensoría es independiente y se preocupa por la promoción y protección de los derechos de todas las personas en Venezuela», porque lo contrario le rebajará la calificación y con ello perderá la voz y el voto que tiene en la ONU.
Este pronunciamiento es la respuesta a un proceso de revisión iniciado a petición de una serie de organizaciones venezolanas de Derechos Humanos, las cuales en 2013 enviaron información poniendo en duda que la actuación de la entonces defensora Gabriela Ramírez se ajustara a los Principios de Paris y por lo tanto que trabajara con independencia del Gobierno en pro de las garantías fundamentales mediante la armonización de leyes a los estándares internacionales, que investigara casos de violación de los Derechos Humanos y formulara observaciones y recomendaciones a las autoridades para mejorar la situación de los derechos fundamentales.
Para sustentar su decisión, la instancia apeló a las declaraciones que Ramírez dio el año pasado definiendo la tortura y que, por una mala interpretación periodística, se terminó afirmando que estaba justificándola, lo cual no ocurrió.
En su evaluación, el Subcomité reconoció que el actual Defensor «ha adoptado algunas medidas» para cumplir con su misión, pero considera que las mismas no son suficientes.
Con información de El Universal.