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¡CUESTIÓN DE PERSPECTIVAS! Venezuela divide a la Casa Blanca y al Congreso de EE.UU.

Al aprobar un proyecto de ley en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Congreso de Estados Unidos avanzó este martes hacia la imposición de sanciones contra funcionarios venezolanos a los que acusa de cometer abusos contra los derechos humanos en la crisis política que sacude el país desde febrero. El presidente del comité, el demócrata Robert Menéndez, dijo que se trata de «penalidades contundentes» contra miembros del gobierno de Nicolás Maduro por «aterrorizar a grandes segmentos de la población con una impunidad inquebrantable».

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Menéndez es una de las figuras más visibles de un grupo de congresistas demócratas y republicanos que piden que Washington reaccione más fuertemente ante lo que consideran son excesos de las autoridades contra manifestaciones de la oposición.

Desde que en febrero empezaron las movilizaciones antigubernamentales, se han registrado 42 muertes -entre opositores, simpatizantes del gobierno y una decena de policías-, según datos de la fiscalía, y han sido arrestadas más de 3.000 personas, de las que poco más de un centenar permanecen detenidas a la espera de procesos judiciales.

El grupo que promueve sanciones contra el gobierno venezolano cuestiona la dura represión ejercida por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, aunque el gobierno y la fiscalía aseguran que han actuado respetando los derechos ciudadanos, e incluso muestran la detención de unos 20 funcionarios como demostración de su intolerancia con los excesos policiales.

Mientras en el Capitolio muchos están dispuestos a imponer sanciones a Caracas, en la Casa Blanca hay una actitud más renuente y su estrategia es la de apoyar con «optimismo cauteloso» el incipiente diálogo político que iniciaron las partes hace dos meses para buscar una salida al conflicto. Éste actualmente está congelado, precisamente por las quejas de la oposición sobre la represión de las manifestaciones.

Por ahora las iniciativas legislativas deberán ser consideradas en los plenos de la Cámara de Representantes y el Senado, antes de ser presentadas al presidente Barack Obama, quien tiene la potestad de convertirlas en ley o vetarlas.

Funcionarios del gobierno de Obama han aclarado que sólo contemplan el uso de sanciones dirigidas contra funcionarios venezolanos si esas conversaciones fracasan, aunque han advertido que imponerlas podría ser «contraproducente», reseñó el portal de BBC Mundo

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