Las recién aprobadas sanciones estadounidenses contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, produciéndose ahora que el régimen es impopular y sus bolsillos ya no están repletos de dinero, atentan directamente contra el único pilar de sustento que aún le queda: el sueño de enriquecimiento de sus generales y de sus máximos dirigentes políticos, dijeron expertos.
“Las sanciones son el elemento más contundente contra la cleptocracia que hay en Venezuela”, dijo Diego Moya Ocampos, analista para América Latina de IHS Global Insight/IHS Jane’s.
“La hace insostenible, porque crea una situación donde el que acumule mucho poder, el que brille más allá de lo que debe brillar, el que salga a reprimir para defender al gobierno, en vez de salir recompensado, como lo hemos visto en el pasado, simplemente va a quedar expuesto a sanciones”, explicó Moya.
Esas sanciones implicarían perder todo el dinero que han acumulado en el exterior.
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Y es que los gigantescos negocios y oportunidades de enriquecimiento ilícito de los que disfrutan la máxima cúpula del chavismo y de los militares que los respaldan, es el único componente que mantienen al régimen de pie, en momentos en que los sectores populares que tradicionalmente han apoyado al régimen comienzan a ver a Maduro como el máximo responsable de la crisis económica que les agobia.
Hasta el momento, los militares venezolanos se han mostrado dispuestos a seguir respaldando al régimen, y durante las manifestaciones de protestas estudiantiles de este año emprendieron la feroz represión y violaciones a los derechos humanos que llevó al Congreso estadounidense a aprobar, y luego al presidente Barack Obama a ratificar, la ley de sanciones contra el chavismo.
Pero ese respaldo militar con el que cuenta Maduro no se debe en realidad a que los militares venezolanos sienten gran afecto por las intenciones de Maduro por terminar de aplicar un régimen policial de corte castrista en Venezuela.
“El interés de todos es que Maduro llegue hasta el 2019, porque eso va a seguir dándole continuidad a los negocios que ellos tienen y que están todos entrelazados entre sí”, explicó Moya.
Es decir, “el objetivo de los militares no el poder político, sino que es seguir dándoles continuidad a los negocios que ellos tienen, que han creado una nueva élite empresarial”, agregó.
Los sectores que conforman el chavismo, muchos de los cuales tradicionalmente se encuentran enfrentados entre sí, tradicionalmente han podido dirimir sus diferencias en aras de garantizar la continuidad de sus negocios, lo que ha llevado al país a ser conducido como si se tratase de la “Comisión” de la mafia neoyorquina, con Maduro encargado principalmente de mantener el orden entre las distintas “familias”.
Y en ese sentido, “Maduro lo que representa es un elemento de continuidad del chavismo, como plataforma para realizar negocios”, señaló Moya.
Pero las sanciones, que el presidente Obama convirtió en ley la semana pasada, atentan precisamente contra la plataforma.
Las sanciones –promovidas principalmente por los legisladores cubanoamericanos Marco Rubio, Bob Menéndez e Ileana Ros-Lehtinen– constituyen un cambio radical de lo que ha sido hasta ahora la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y otorga facultades a la administración de Obama para congelar los activos en el exterior de chavistas vinculados a actos de corrupción y a violaciones de los derechos humanos.
El proyecto de ley nació como consecuencia de la feroz represión emprendida por el chavismo contra los estudiantes que salieron a protestar contra el gobierno a inicios de este año, y que dejó un saldo de al menos 42 muertos, cientos de heridos y miles de arrestados.
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos internacionales reportaron el uso frecuente de la tortura contra los estudiantes detenidos y el uso por parte del chavismo de bandas paramilitares.
El ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, dijo que si bien el proyecto de ley busca sancionar a los chavistas que fueron vinculados con esos abusos, la medida tendrá también futuras repercusiones, y castigaría a futuros actos de represión.
Y también coloca la política exterior de Estados Unidos al servicio de los deseos del pueblo venezolano de recuperar su sistema democrático.
“Hay un mensaje muy simple dentro de esa legislación que expresa que es la política de los Estados Unidos respaldar al pueblo venezolano en sus aspiraciones a recuperar la paz y la democracia”, dijo Noriega, quien también fue el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos.
“Puede que eso suene como un pronunciamiento retórico, pero en realidad es una declaración muy profunda, que expresa que ahora hay una voluntad política y partidista y que ahora cuenta con el respaldo del presidente de colocar a Estados Unidos del lado del pueblo venezolano”, sostuvo.
Caer dentro de la lista a ser conformada por el Departamento del Tesoro propinaría un duro golpe a cualquier pretensión del funcionario de transferir su dinero al exterior, no tan solo dentro de Estados Unidos.
“La nueva ley afecta todas las transacciones entre las propiedades y los intereses en propiedades, si éstas se encuentran dentro de los Estados Unidos, provienen de los Estados Unidos, y eso involucraría una operación realizada a través del sistema financiero estadounidense”, explicó Noriega.
Como toda operación en dólares tiene que pasar en algún momento a través del sistema financiero estadounidense, eso significa que éstas podrían ser interceptadas y confiscadas bajo el alcance de la nueva ley.
Y las autoridades estadounidenses, quienes llevan ya años investigando las vinculaciones del chavismo con el narcotráfico y el lavado de dinero, saben muy bien donde están los recursos en el exterior de los chavistas que aparecerán en la lista.
“Las autoridades probablemente saben más sobre los lugares en que ellos colocaron el dinero que ellos mismos. Muchas personas tienen cientos de millones de dólares no saben exactamente dónde están, porque llega un punto en que tienes tanto que se te olvida dónde está todo”, comentó Noriega.
Las autoridades también conocen bien quienes son las personas que actúan como testaferros, señaló.
Noriega, dijo que las sanciones van a tener gran peso en los próximos meses en la medida en que el país se aproxima a una etapa de colapso económico como resultado de la acumulación de más de 15 años de desequilibrios y políticas económicas erradas aplicadas por el chavismo.
Ese colapso, agravado además por la pronunciada caída de los precios del petróleo, está en vías de catapultar al país sudamericano a una dolorosa etapa de agitación social, y la única herramienta que Maduro tiene en su poder para sobrevivirla es la represión.
No obstante, habría que ver si los militares chavistas estarán dispuestos a cumplir con las órdenes que han de provenir del palacio presidencial.
“Muchos de ellos [los militares] van a terminar preguntándose si les conviene salir a la calle a reprimir manifestantes para darle a Maduro otro mes en la presidencia y van a dudar hacerlo si con ello están poniendo en riesgo su futuro y el de su familia”, comentó.
Antonio María Delgado / El Nuevo Herald