Entre las múltiples variables que mide el informe de esta ONG fundada en 2006 para promover el estado de derecho y la igualdad de oportunidades en el mundo, una de las más interesantes es si los funcionarios públicos son sancionados cuando incurren en irregularidades o en acciones incompatibles con el cargo.
Para medirlo, The World Justice Project elabora un índice que otorga un «1» a los países en los que, sin excepciones,todo aquel que comete una falta es condenado, y un «0» a los que, por el contrario, no establecen ninguna represalia para la mala praxis gubernamental.
Para construir el índice, la organización combina información de estadísticas oficiales, con un cuestionario suministrado a especialistas de distintas disciplinas (unos 300 por país), y una encuesta a la población en general.
América Latina y el Caribe, y Asia del Sur, son las regiones con más bajo puntaje en la lucha contra la impunidad política. De los 14 países de Latinoamérica que fueron evaluados por el estudio, sólo dos, Uruguay y Chile, están en la primera mitad. Con índices respectivos de 0,64 y 0,59, se ubicaron en los puestos 21 y 26.
Los 12 restantes están entre los 45 peores. Y de ellos, 7 están entre los 10 de peor rendimiento.
«El principio de que nadie está por encima de la ley es fundamental para el estado de derecho, que requiere quetodos, incluidos los funcionarios públicos, estén sujetos a las mismas reglas. En los países en los que el estado de derecho es fuerte, los funcionarios deben responder por las irregularidades que cometen en el ejercicio de su función. En los países en los que el estado de derecho es débil, aquellos con conexiones políticas rara vez deben rendir cuentas por sus inconductas», sostiene el «Índice de Estado de Derecho 2012-2013», en su apartado referido a las sanciones contra funcionarios.
El menos destacado de todos es Venezuela, que con apenas 0,14 puntos es el país con mayor impunidad de los 97 evaluados en todo el mundo.
Lo sigue, en el puesto 96, Nicaragua, con un índice de 0,19. Con 0,26, Argentina y Guatemala comparten con Bangladesh el puesto 92.
«Una cultura de la impunidad debilita el respeto por los derechos fundamentales, alienta la corrupción y lleva a un círculo vicioso de violación de las leyes, en tanto neutraliza el efecto disuasivo del castigo. La impunidad también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, y da la señal de que la ley no importa«, concluye, así lo reseñó el portal infobae.com
