El diputado Hugo Carvajal Barrios indicó que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela “han ocasionado el agravamiento de la crisis social y económica que viven millones de venezolanos”.
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En su artículo de opinión semanal titulado “El Estado venezolano está obligado a defenderse de las sanciones de USA”, publicado en el sitio web www.hugocarvajal.com, el parlamentario señaló que esta acción del gobierno de Donald Trump “incrimina a las personas violando el debido proceso y el derecho a la defensa”.
Además, considera que su aplicación es violatoria del principio de doble instancia, al no haber procedimientos que permitan ser revisada por un órgano superior, mientras que por otra parte “ha originado una afectación a la reputación del Estado, el cual, al limitarle su margen de acción gubernamental, ha ocasionado el agravamiento de la crisis social y económica que viven millones de venezolanos a quienes se les está violando su derecho a la vida”.
En su opinión, urge dar una respuesta contundente basada en el orden jurídico internacional, además de requerirse también “una defensa unida y férrea para evitar sus consecuencias, pues supone un enorme daño al país, el asfixiar su economía bloqueando la entrada de divisas y estableciendo límites a las negociaciones internacionales, afectando con ello al sector privado y a todos los venezolanos, especialmente a la clase social más desposeída cuyo acceso a la alimentación y a la salud, por nombrar tan solo dos de los más angustiantes problemas que hoy vivimos, no podrán solucionarse”.
Carvajal aseguró en su escrito que la escalada sancionatoria de los Estados Unidos sobre Venezuela comenzó en 2008, “desplegando acciones judiciales y ejecutivas a través de las que ha incluido a funcionarios públicos venezolanos en listas negras sin control judicial alguno, aplicando sanciones que no responden más que al criterio unilateral y arbitrario del Poder Ejecutivo de ese país, dejando en absoluta indefensión a quienes sufren las consecuencias de esta arbitrariedad coactiva que solapa otras intenciones que nada tienen que ver con la justicia y que da cuenta de la animadversión del gobierno del norte frente a un Estado que no se alineó acomodaticiamente a sus intereses, sino que defendió su soberanía en el marco de un proyecto revolucionario visionario endógeno que promulgaba la libertad e independencia de los pueblos de América”.
Concluyó su artículo insistiendo en que es deber de todos “apoyar al Estado para dar comienzo a un proceso de denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, por la violación flagrante del principio de no injerencia que de manera continuada ha realizado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”.
Redacción Maduradas con información de Nota de Prensa
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